El síndrome de los bloqueos a las carreteras del departamento de La Guajira, analizado tangencialmente durante el panel presidido por el gobernador Jairo Aguilar Deluque, tiene causas exógenas y endógenas, lo que hace más complejo darle una solución a nivel territorial, sin que existan verdaderos compromisos integrales y coordinados.
No es fácil entender cómo esta región del extremo norte de Colombia, con una excelente diversidad cultural, belleza natural, y uno de los mayores potenciales minero energéticos del país, se esconda una crisis humanitaria que ha persistido por años, afectando a miles de sus habitantes, especialmente los menores y adultos mayores, que mueren de hambre.
Es un problema multifacético, cuyo contenido abarca crisis en la salud, nutrición, acceso a agua potable, educación y gobernabilidad. La desnutrición infantil en La Guajira alcanza niveles alarmantes, hasta el punto que en el 2017 la Corte Constitucional, acogió una tutela y expedir la Sentencia T-302, en donde se obliga a muchos actores institucionales, a hacer una millonaria inversión para frenar la muerte de cientos de personas, especialmente menores y ancianos indefensos.
Uno de los problemas que el Estado colombiano, no podrá resolver, al menos en lo que resta del año, son los componentes exógenos, que en su mayoría derivan de la crisis política que vive Venezuela, que han ocasionado una migración histórica, originando una explosión demográfica, representadas por migrantes venezolanos, que en algunos momentos superó las 300 mil personas, sumados a colombianos que retornaban a su país y se quedaron en Maicao, Riohacha y la Alta Guajira.
El efecto exógeno, ha sido una de las causas que ayudó a disparar las modalidades del delito, como robos, asalto a restaurantes, viviendas, bancos, secuestros, que antes se presentaban, pero sin un mayor ingrediente de violencia.
Desde comienzos de los años 60, los problemas de agua potable eran mitigados por la construcción de sistemas de producción del líquido, administrado por Proaguas, una empresa que dependía del Banco de la Republica, entidad que manejaba las salinas de Manaure, que luego quedó en manos del IFI, con una masa laboral que mantenía una excelente dinámica comercial en toda la región.
La corrupción, cuyo disparo se comenzó a notar severamente con la elección popular de alcaldes y gobernadores, ha sido otro, de los fenómenos endógenos, de manera cómplice soslayado por los organismos de control del Estado.
Esta crisis requiere una respuesta integral y coordinada. Es imperativo que el Gobierno colombiano, junto con organizaciones internacionales y la sociedad civil, implementen medidas efectivas para garantizar el acceso a los derechos básicos de la población. Esta situación es como una herida abierta en el corazón de Colombia.