La iniciativa de la senadora Martha Peralta para crear una empresa encargada del manejo de proyectos relacionados con la producción y suministro de agua en La Guajira, debe ser bien recibida.
Eso no tiene duda. Creo que su paso en el Congreso no debería tener mayores tropiezos. Ya la península tiene algunos antecedentes de empresas que funcionaron bajo ese esquema en el pasado, con resultados exitosos para la comunidad, sin que, para esa época no fueran permeados por quienes hacían trabajos de proselitismo político.
Recordemos que en el Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla se expidió el Decreto 348 de 1955, dando inicio a la empresa que se encargaría del abastecimiento de agua para las comunidades étnicas de la Comisaría de La Guajira, y posteriormente se sancionó la ley 184 de 1959, que encargó esas labores al Banco de la República, entidad que tenía bajo su responsabilidad la explotación de las salinas de Manaure.
La empresa tuvo resultados importantes. En 1969, según estadísticas del Banco de la República, se contaban 403 pozos que funcionaban con aerobombas y 116 aljibes, con los cuales las comunidades indígenas se abastecían del vital líquido sin mayores problemas, sin que se presentaran las muertes de menores por consumir agua en mal estado, tal como ocurre en la actualidad.
Tomar el viejo modelo de Proaguas de forma exegética, ya no sería tan viable, debido a que la población ha crecido, los sistemas normativos son diferentes, e incluso, las costumbres entre los beneficiarios también han sufrido transformaciones.
Por eso, sería importante que el proyecto presentado ante la Comisión V del Senado de la República, fuera alimentado con las experiencias actuales. Bueno sería analizar que en La Guajira, tras iniciativa departamental, se creó la empresa Esepgua, cuyos resultados luego de año y medio de operaciones, saltan a la vista.
Preocupa que aún la propuesta no haya sido socializada con algunos sectores de la región. Nos gusta el tema de Proaguas, pero debemos buscar soluciones, no generar dualidad de funciones, para tratar el viejo problema de la falta de equidad en la distribución del agua en esta región.
Esta región cuenta con aguas superficiales suficiente para que cada ciudadano pudiera tener un excelente servicio domiciliario, y evitar las angustiosas sectorizaciones que hacen los operadores en ciudades como Riohacha y Maicao, y la falta casi absoluta del servicio en otras zonas.
No conocemos el texto del proyecto que cursa en el Senado. Tampoco lo conoce el Gobierno departamental y los alcaldes municipales. Sería bueno socializarlo para que no ocurra la misma sorpresa, cuando el presidente Gustavo Petro expidió el decreto creando una empresa de agua y designando como gerente a Alfredo Saade quien para esa época creemos, no entendía la problemática real del sistema de abastecimiento del líquido potable en este territorio.
