La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitió la resolución a través de la cual se establecen las sanciones e incentivos que se aplicarán en las facturas de energía residencial e industrial, para quienes hagan uso eficiente o no del servicio de energía.
La medida fue abordada para crear conciencia ciudadana, teniendo en cuenta que los bajos niveles de los embalses tienen en vilo al país por un posible racionamiento.
La Creg estableció multas para los usuarios que tengan un aumentó en el consumo mensual de energía, teniendo en cuenta el promedio consumido antes del 15 de marzo, para lo cual aplicarán las siguientes penalidades:
Incremento del 30% en el valor del kilovatio adicional consumido para los estratos 1, 2 y 3.
Un aumento del 50% en el valor del kilovatio adicional consumido para los estratos 4, 5 y 6.
Para los sectores comerciales, el precio del kilovatio adicional será del doble al que se encuentra en el mercado.
En cuanto a quienes ahorren durante el periodo en que esté vigente la medida, al finalizar esta tendrán un beneficio económico, con el propósito de incentivar a que el consumo de energía eléctrica continúe en descenso. Esta medida estará vigente hasta que la Creg lo decida, sin superar 6 meses.
Detractores de la medida
La propuesta de la Creg, fue demandada por el abogado constitucionalista, Germán Calderón España, argumentando que el acto administrativo es nulo “porque está minado de motivaciones incongruentes, inconsistentes, que no guardan ninguna relación o nexo causal entre el daño”.
Ante el Consejo de Estado, la demanda sustenta una aparente falta de motivación, cuestionando por qué no se tomaron las medidas preventivas necesarias con antelación, y además por qué no se hicieron campañas de alerta por la inminente reducción de agua en los embalses.
“El sistema encargado de atender la demanda energética, conocido como ‘sector eléctrico’, en razón de su vulnerabilidad de origen estructural y operacional, no fue capaz de enfrentar satisfactoriamente una contingencia del mundo físico dada por la hidrología extremadamente seca asociada al Fenómeno de El Niño, quedando desbordado como subsistema como consecuencia de su precaria respuesta que ha afectado una condición esencial de la vida social y económica, asociada al adecuado suministro de energía”, alega.
Por su parte, Acopi, el gremio de los pequeños y medianos empresarios, expresó su preocupación por estas multas que se le impondrá al sector comercial e industrial, teniendo en cuenta que las empresas consumen energía para producir o para vender.
“Nos preocupa esa sanción, pero además nos preocupa porque este es un problema de carácter estructural. Hoy el alto costo que estamos pagando en Colombia por las tarifas eléctricas cada vez se incrementa más. Lo estamos viendo ya la situación del sector productivo en la Costa Atlántica, en donde ya, sin tomarse esta medida y entrar en vigencia, lo que va a pasar es que muchas empresas tienen que tener en consideración si continúan su operación o no, porque la disyuntiva es por vender más tengo que entonces prácticamente vender para pagar el recibo de la luz. Es decir, que es hacer pan para vender pan. Eso no es viable bajo ninguna óptica en un negocio. Entonces la situación hoy es alarmante”, manifestó Alejandra Osorio, presidenta de Acopi Bogotá.
