Las autoridades tradicionales de tres centros etnoeducativos, que mantienen una toma a la sede de la Secretaría de Educación de Riohacha, siguen solicitando al alcalde Genaro Redondo, respeto por su autonomía.
Rafael Romero Epinayu, autoridad de la comunidad de Gergemana, expresó a este medio de comunicación su preocupación porque aún no les autorizan el funcionamiento a los centros etnoeducativos No 25 que corresponde a la comunidad de Urraichi, el No 27 de Paruluaim, y el No 28 de Punta Sierra.
En esos tres centros se estarían atendiendo a más de 600 alumnos indígenas wayuú, en los grados de preescolar hasta noveno.
Romero Epinayu está solicitando por escrito al alcalde, que les explique por qué los centros 25, 27 y 28 no pueden aún funcionar, cuando sí se aprobó para los centros 22, 23, 24 y 26 creados todos al mismo tiempo.
“En esta protesta estábamos los siete centros recién creados, la administración decidió aprobar los cuatro que ya están funcionando, y mientras, a nosotros nos mantienen aquí sin ningún tipo de explicación”, dijo.
Agregó, que solo se retirarán de la protesta cuando por escrito les informen las causas del por qué no pueden funcionar los tres centros de las comunidades de Urraichi, Paruluaim y Punta Sierra.
“Nosotros queremos que nos digan qué fue lo que pasó, por qué ellos le dieron la aprobación a los otros centros y nosotros aquí esperando una respuesta que exigimos por escrito”, precisó.
En tanto, Luis Eduardo Márquez, líder de la comunidad de Punta Sierra y Parcela, solicitó que una comisión de la Alcaldía se traslade a las comunidades de los tres centros etnoeducativos creados bajo acto administrativo para que verifiquen los niños que están esperando el regreso a clases.
“Entonces aquí estamos viendo una violación de esos derechos de manera constante, y aberrante, porque están jugando con ese derecho tan fundamental que tienen nuestros niños a educarse en sus territorios, en sus sedes, como corresponde”, dijo.
Explicó que están protestando porque cuentan con un acto administrativo, que le da vida jurídica a los tres centros.
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