A través de su red social Twitter, la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, informó que, junto a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, adelantaron una auditoría forense a las contrataciones.
Encontrándose que 220 contratos estaban en manos de 59 operadores que tenían varias características en común: mismo representante legal, dirección de domicilio, características en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance. Asimismo, el registro de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores.
De igual modo, se encontró registro de incumplimiento al objeto de los contratos celebrados, en cuanto al número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados.
En algunos contratos adjudicados años atrás, existían proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico. Los operadores los ejecutaron en menor tiempo, evitando así el pago a proveedores; sin embargo, se materializaba el cobro al instituto como si se hubiese hecho en el tiempo establecido.
La denuncia señala que los contratos de estos operadores también son los que, tristemente, han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a través de la veeduría ciudadana.
Se encontró que organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez en Colombia han tenido relación directa con clanes políticos. En relación a esto, la directora señaló que, para el gobierno del cambio, los recursos de los niños y niñas son una responsabilidad, no un negocio.
También señalan que en revisión de los documentos que reposan en las carpetas de contratación del ICBF se pudo encontrar presunta documentación falsificada para soportar la experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia.
La directora Cáceres afirmó que el gobierno del cambio no tolerará la corrupción en el ICBF y que los recursos de los niños y niñas son una responsabilidad, no un negocio. Estos casos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones y sanciones.