El desplazamiento masivo de familias indígenas Wiwa, afrodescendientes y campesinos a la ciudad de Riohacha, por los enfrentamientos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), lo cual fue alertado en su momento por la Defensoría del Pueblo, a través de una alerta temprana.
En un comunicado, la Defensoría expresó que el accionar violento de las AGC y las ACSN fue puesto en conocimiento por la institución nacional de derechos humanos, a través de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 025 del 2023, con la que dio cuenta de las disputas territoriales que tienen en inminente peligro a la comunidad.
“Minimizar los riesgos para salvaguardar la vida de las poblaciones que quedan en medio del conflicto es preponderante en este momento. Máxime que con la Alerta Temprana formulamos una serie de recomendaciones para que, como propósito principal, fueran contenidos los homicidios selectivos y colectivos, las amenazas y extorsiones de las que aún son víctimas las comunidades y los comerciantes”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
Si la situación fue alertada entonces ¿por qué las autoridades de La Guajira no actuaron de manera inmediata para salvaguardar la vida de más de 400 personas que huyeron de sus territorios para refugiarse en la capital de La Guajira’.
El tema refleja la debilidad institucional para asumir como corresponde la situación de inseguridad que se vive en el departamento de La Guajira, desde hace ya varios años y que ha tomado cuerpo con el tiempo.
Es urgente entonces, no solo brindar ayuda humanitaria a las familias que hoy sufren por el desplazamiento forzoso, sino exigir al Gobierno nacional que brinde toda la ayuda estatal que se requiere para recuperar la seguridad en los territorios asediados por los grupos dedicados al tráfico de drogas.
Como bien lo afirma el Defensor del Pueblo, la institucionalidad gubernamental y la fuerza pública deben, particularmente, brindarles seguridad a los habitantes de las veredas Barcino, Ulago y Sabanangrande, y a las comunidades indígenas de los caseríos El Machín, La Peña de Los Indios, Achintukua, La Loma del Potrero, Sabana Joaquina y Siminke (todos son territorios de San Juan del Cesar). Como también a quienes residen en El Caney y La Cueva (en Dibulla) y en las veredas Guamaca y La Laguna (de Riohacha).
Igualmente, están en riesgo, por cuenta de los combates, los moradores de las veredas Potrerito, del municipio de Fonseca, y Limoncito, del municipio de Maicao.