La Defensoría del Pueblo realizó el Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia de las cifras 2023, con el fin de analizar las perspectivas de derechos de la niñez, de la mujer, movilidad humana y conflictividad social, donde se han observado un crecimiento en la desprotección de los niños específicamente.
En la jornada realizada en el auditorio de Corpoguajira, asistió Luis Andrés Fajardo vicedefensor del pueblo a nivel nacional; Jorge Enrique Calero Chacón defensor delegado para la prevención y transformación de la conflictividad social; Soraya Mercedes Escobar Arregocés defensora de la regional; Misael Velásquez Granadillo secretario de Gobierno departamental, representantes de la fuerza pública, migración Colombia y funcionarios de esta entidad pública.
Luis Andrés Fajardo en su discurso habló sobre el incremento de la desnutrición de los niños en el Departamento de La Guajira, “desafortunadamente este Departamento sigue llevando la bandera en el tema de mortalidad infantil por desnutrición, el maltrato en contra la mujer sea aumentado por lo menos en el número de registro que reportamos desde la Defensoría del Pueblo, tanto feminicidio como otros tipo de violencia donde se privilegia fundamentalmente la violencia psicológica y económica”, detalló.
También destacó que en cuanto al tema de movilidad humana sigue siendo alto, e indicó que existe una respuesta efectiva por parte del Gobierno nacional. Además señaló que le llama la atención que la región Caribe es la que más presenta conflictividad a nivel nacional, debido al descontento social que termina en manifestaciones públicas y bloqueos frente a lo cual se tiene una ruta preventiva para evitar cualquier caso de violencia.
Por su parte, Jorge Enrique Calero Chacón explicó las cifras arrojadas tras el monitoreo realizado por la entidad durante el año 2023, estuvieron asociados principalmente con reclamos por la garantía al derecho a la educación 22 por cientos, por conflictos laborales (16%), relacionados con el proceso electoral (11%), por presencia o inversión estatal (9%), ambientales (5%). Cabe destacar que el 46 por ciento de estas actividades han tenido relación con un componente étnico.