En una diligencia que se llevó a cabo este 14 de febrero en la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, el abogado guajiro José Manuel Abuchaibe, se ratificó en su denuncia contra la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022, por violación de topes electorales.
No obstante, el jurista aclara en una declaración pública al término de su presentación, que se ratificó expresamente en hechos consagrados en el artículo 109 de la Constitución que no es una norma de tipo penal, sino un proceso especial de “indignidad por mala conducta”, que es autónomo en sí mismo.
Lo anterior significa que puede recaer sobre conductas no delictuosas ni disciplinables, pero sí atentatorias de la responsabilidad política inherente a la investidura del Presidente de la República, dando origen a una etapa investigativa en la Cámara, y llegado el caso a un eventual juzgamiento ante el Senado, el cual por su naturaleza jurídica, no tiene por qué sujetarse a las normas del Código de Procedimiento Penal.
Aclara el abogado Abuchaibe, que la indignidad por mala conducta de que trata el artículo 175 numeral 2 de la Constitución de 1991, no puede ser calificada ni juzgada ni sancionada sino por el Senado de la República y “para nada interviene la Corte Suprema de Justicia, como lo hace con las denuncias penales”.
“El proceso por indignidad es ‘un juicio de responsabilidad política’, para el cual el Reglamento del Congreso prevé un trámite específico, que incluye que la acusación que se presente como tal deba ser probada, que la garantía del derecho a la defensa del acusado se respete, y que si hay lugar a ello eventualmente se produzca la imposición de una sanción tan drástica como la destitución del empleo, o la privación temporal o absoluta de los derechos políticos, es claro que a dicho trámite no le son aplicables las normas de carácter penal previstas para otro tipo de juicios”, explicó el denunciante.
Señala el abogado Abuchaibe, que la denuncia está apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción (violación de topes electorales) y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del Presidente Petro.
Dichas pruebas se encuentran en posesión del Consejo Nacional Electoral, y la Cámara de Representantes deberá solicitarlas para los efectos conducentes, tal como lo solicita en su escrito de denuncia.
“Es un hecho notorio y público que el Consejo Nacional Electoral encontró graves irregularidades en las cuentas de la campaña que llevaron a la presidencia al actual mandatario”, subrayó.
Así las cosas, expresó que en el trámite de la denuncia a través de la Ley 5 de 1992, lo que indica que en 30 días debería terminar la investigación formal.
“Nadie está exigiendo lo que no está en la Ley, por lo tanto esperamos muy pronto noticias sobre el desarrollo de este proceso que no es de carácter penal sino cargos por indignidad por mala conducta”, concluyó.
Antecedentes del proceso
La denuncia fue instaurada en mayo de 2023, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, en calidad de ciudadano colombiano.
De acuerdo con lo argumentado por el jurista denunciante, estos hechos son considerados una violación de la Constitución y deben ser investigados y llevados a juicio.
Al parecer, la firma colombiana Nexia Montes & Asociados, la cual le puso la lupa a las cuentas del entonces candidato y hoy presidente de Colombia, encontró otras irregularidades, que supuestamente habrían modificado una factura para evitar volarse los topes de financiación.
En sus consideraciones, Abuchaibe Escolar considera lo siguiente en su demanda:
Violación de los topes o límites de gastos en la campaña electoral de Gustavo Petro a la Presidencia. El establecimiento de los límites de gastos de las campañas electorales abarca la elección presidencial.
Las normas establecen que, si se comprueban las violaciones a la ley electoral, el presidente y la vicepresidenta podrían ser removidos de sus cargos.
A estas irregularidades se suman pagos a empresas por más de $450 millones que (reveló la auditoría) se registraron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Piedecuesta, Santander, solo después de hechos los negocios. Es decir, al momento de hacer los pagos no existían formalmente.
En medio de las transacciones se evidenció, además, que algunas de las facturas expedidas no fueron electrónicas (pese a ser su obligación) o que no se discriminó el IVA
En materia publicitaria, frente en el que Petro más gastó recursos (más de $19.500 millones solo en primera vuelta) el informe indicó que hay incertidumbre por un contrato y los sitios donde fueron instaladas vallas por las que se pagaron más de $178 millones.
Además, que el contratista José Orlando Riveros, que proporcionó publicidad para Petro por $1.446 millones –y que había tenido contratos en su Alcaldía– no presentó información financiera de 2020, 2021 y 2022.
Esta es la denuncia
