A través de un comunicado de prensa la Procuraduría General de la Nación informó que realizó una inspección al Centro de Traslado por Protección 1 y 2 de Santa Marta, donde son recluidas las Personas Privadas de la Libertad, PPL, en calidad de indiciadas.
Sobre esta visita destacó que allí encontraron serias irregularidades que están poniendo en riesgo la vida e integridad de PPL, guardianes y visitantes.
De acuerdo a lo expuesto, lo primero que descubrió la comisión, que ingresó durante la jornada de visitas, fue que los encuentros familiares, que incluyen la presencia de menores de edad, se realizan simultáneamente y en los mismos espacios con las visitas conyugales, en las cuales los PPL sostienen relaciones sexuales con sus parejas.
También que los policías encargados de la guardia no cuentan con elementos de bioseguridad, (guantes, tapabocas y desinfectantes) para la revisión de las personas, alimentos y otros objetos que ingresan.
Al interior del centro, que alberga a 248 hombres y 10 mujeres en un espacio cuya capacidad es para máximo 150 personas, los servidores de la Procuraduría encontraron conexiones eléctricas hechizas, con cables a la vista, que implican alto riesgo de incendio.
También que no llega el agua a los inodoros del nivel superior, lo que genera insalubridad y riesgo de enfermedades por el agua empozada, que deben surtir en baldes y canecas.
Entre las afecciones de salud detectadas, hay PPL infectados con VIH, afecciones en la piel y enfermedades respiratorias que, según denuncian ellos, no son valoradas por médicos antes de realizar nuevos ingresos, lo que pone en riesgo a toda la comunidad.
En cuanto a la alimentación, el Ministerio Público halló deficiencias y recibió quejas de los PPL sobre la calidad de los alimentos, pero lo más grave es que por ausencia de implementos para la cocina, la guardia se ve obligada a permitir el ingreso de cuchillos, tenedores y otros elementos, que pueden terminar siendo usados como armas.
Con esta información, la Procuraduría Regional de Magdalena convocó una mesa de seguimiento en la que se reunirá con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Personería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía e Inpec, entre otras, para buscar soluciones urgentes a esta crisis.
