Corría 1987 y recién graduado de la Universidad con mi título de abogado bajo el brazo, gracias a los oficios de mi tío Víctor Olea (q.e.p.d.), patriarca familiar y líder político conservador, fui nombrado Personero Municipal en mi pueblo, Puerto Escondido – Córdoba.
El cargo para entonces era poco atractivo para un profesional, pero lo acepté como una primera oportunidad en el sector público; salario bajo, periodo de un año y nombramiento sujeto a los vaivenes de la política local a cargo del Concejo municipal. Para mí fue una buena experiencia.
Ha pasado el tiempo. Años después mi primo y colega Isaías Olea también ocupó el mismo cargo, pero ya en otras condiciones: nombrado por tres años y con un salario igual al del alcalde. Hoy día el cargo de Personero municipal es el segundo en importancia después del alcalde y por el salario y la estabilidad con posibilidad de reelección, se ha convertido en un puesto atractivo para los profesionales del derecho.
Antes no se necesitaba más que ser ciudadano en ejercicio para ejercer este cargo, pero la ley 136 de 1994 exige ser abogado para ser Personero, excepto en los municipios de sexta categoría, donde bastará ser egresado de derecho. La facultad nominadora para elegir al Personero siempre la ha tenido el Concejo municipal.
Hoy la elección de este funcionario se realiza previo concurso público de méritos (en teoría). Y aquí es donde viene el pero de una serie de actuaciones ilegales que deslegitiman estos ‘concursos’. La verdad verdadera – como dirían los procesalistas – es que en la práctica no hay tal ‘meritocracia’ porque no se elige con transparencia ni con igualdad de oportunidad, ya que la mayoría de estos concursos son manipulados para posibilitar que el elegido sea alguien previamente escogido. Ya se sabe quién va a ocupar el primer lugar en la prueba de conocimientos, y por ende avanzar en las siguientes fases del concurso, maniobra fraudulenta en la que participan las Universidades que operan los concursos y las Mesas Directivas de los Concejos municipales.
Si en las encuestas políticas gana el que paga la encuesta, en los concursos para Personeros pasa lo mismo, los gana el que diga el Concejo municipal que contrato a la Universidad para la realización del concurso de ‘meritos’. Esa es la verdad y todo mundo sabe que es así pero nadie dice nada. Estos supuestos concursos son una burla a la ley, una farsa total.
El doctor Luis Alonso Colmenares suele decir que en La Guajira la corrupción nunca muere sino que se reproduce. En estos ‘concursos’ está presente la corrupción. Para los de Riohacha, Maicao, Uribia y Hatonuevo se sabía de antemano, desde antes de la realización de la prueba de conocimientos, que concursantes iban a ganar el examen con el mayor puntaje, y eso a la postre sucedió con las personas que ganaron la prueba de conocimientos y competencias, que seguirán en carrera hasta llegar a la última fase del concurso que es la entrevista ante el Concejo con un puntaje de 10 para completar el 100% ponderado del total de la calificación.
Antes de la entrevista – previa a la elección que será en Enero de 2024- los que ‘aprobaron’ el examen llegarán con un puntaje acumulado del 90% ponderado sobre un total de 100, pero es tan descarada la manera como se hace la ‘jugada’ para favorecer a alguien de la lista de elegibles (cuando son varios concursantes para entrevista) que le ponen una puntuación tan alta al que quieren elegir para que sea imposible que el segundo en puntaje lo pueda alcanzar, aun si sacara los 10 puntos de la entrevista, con lo cual a la entrevista llega con la primera opción de ser elegido quien desde el principio jugó con la carta marcada. De esta manera es como los Concejos eligen su candidato. Que desfachatez, típica de nuestra naturaleza tramposa, y así se pasan la ley por la faja.
Son tan evidentes las irregularidades presentadas en estos procesos que conozco de acciones de Tutela presentadas contra los concursos del Molino, Hatonuevo y Uribia, actualmente en trámite a la espera de ser falladas por los Jueces, por vicios de ilegalidad en los ‘concursos’, desde la escogencia del operador, que por cierto es la misma Universidad.
Y lo peor es que esto pasa delante de la vista de los órganos de control, la Procuraduría lo sabe porque sus delegados en La Guajira han sido vinculados como terceros en el trámite de las referidas tutelas. No hay control previo a los Concejos ni a las Universidades contratadas para la operación de estos concursos, que terminan amangualados para burlar la ley.
Para qué está la Cnsc – me pregunto – si no es para ejecutar los concursos públicos de méritos, como órgano especializado del gobierno. Se requiere de una ley que modifique los concursos para elegir a los Personeros, prohibiendo entre otros aspectos que la contratación recaiga al arbitrio de los Concejos municipales en las Universidades que pueden escoger libremente, para evitar que ocurran este tipo de maniobras fraudulentas.
Los Concejos municipales que se instalan el 1 de Enero del año entrante y que deben elegir a los nuevos Personeros pueden revisar los procesos adelantados y, de ser necesario, revocar de oficio los actos administrativos que encuentren ilegales.
No tengo pruebas para sustentarlo pero es muy grave que se comente públicamente que estos cargos se compran. Lo cierto es que está en entredicho la transparencia e igualdad de oportunidades para garantizar el acceso a cargos públicos, con base en el único criterio que debe prevalecer: el mérito, algo que es letra muerta en los concursos para elegir a los Personeros municipales. Son una pantomima.
