Del 30 de noviembre al 31 de diciembre 2023 procede con la obligatoriedad de la ley los procesos de empalme entre quienes terminan su periodo para el cual fueron electos en el 2019 y a los y las que la ciudadanía libre e independiente escogió legítimamente para regir los destinos de su municipio, distrito y Departamento a partir de un programa de Gobierno.
En esta ocasión, es probable que se presenten dos escenarios extremos para los empalmes dependiendo de si los elegidos y las elegidas sean de la misma coalición, partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o contrario a los ejecutivos municipales, distritales o departamentales salientes.
En el primer caso, el empalme será aparentemente ordenado, pero con el riesgo de impunidades y complicidades que conllevan el continuismo de los gobiernos territoriales. En el segundo escenario traumático se puede llegar al extremo que no haya empalme con las consecuencias nefastas previsibles.
Una circunstancia que va a incidir negativamente en ambas transiciones es si los que se posesionen el primero de enero 2024 repiten período.
En cualquier escenario se dispone de una guía técnica elaborada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP ‘Orientaciones para la transición de gobiernos territoriales’ , que usted puede consultar en https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmJuntosTerritorio/transicionGobTerritoriales. En ella el proceso se divide en tres partes que en su orden son: Primero, la elaboración del informe de gestión y balance de resultados de los gobiernos municipales, distritales y departamentales 2020-2023 con los requerimientos de la ley 951 de 2005. Segundo, la última rendición de cuentas de las administraciones territoriales que concluyen su período, y tercero, el empalme entre el Gobierno saliente y el nuevo Gobierno elegido para el periodo 2024-2027.
En cada una de estas fases se propone una serie de pasos (8, 5 y 7 respectivamente) que permitirán hacer un balance de resultados de la administración que terminan su período, promover el diálogo social y la retroalimentación de dichos resultados por parte de la ciudadanía, así como garantizar transiciones ordenadas por parte de los salientes y nuevos gobernantes.
La Guía va dirigida, entre otros, a la ciudadanía, sus organizaciones sociales y comunitarias e iniciativas de veeduría y control social por tres razones: (1) Son los encargados de conocer la información de empalme que socialice la administración a través de la rendición de cuentas, (2) Analizar colectivamente la coherencia de la transición frente a anteriores ejercicios de diálogo social sobre los resultados de la administración que se hayan efectuado y, (3) Proponer a la nueva administración temas que considere prioritarios para que sean considerados como insumo en la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) 2024-2027.
Considera la Guía que ‘La participación ciudadana en todo el proceso de empalme legítima y blinda el cierre de la gestión, garantiza la visibilidad y transparencia en los resultados que se entregan por el mandatario y que se relacionan con lo prometido; y, finalmente, facilita la continuidad de las políticas y proyectos prioritarios para la comunidad’.
En todos los casos, una ciudadanía madura políticamente encuentra en la evaluación de la gestión de alcaldes (sa) y gobernadores (as) salientes la información para tomar una posición frente a los procesos de empalme.
Nosotros recomendamos, adicionalmente, tener a la mano dos índices de gestión orientada a resultados: El fiscal y el de desempeño integral territorial 2020-2022 que usted puede consultar en el DNP, así como exigir la rendición de cuentas de los cuatro años de Gobierno o desgobierno de los que terminan su período el 31 de diciembre y verificar si se cumplieron las metas del plan de desarrollo territorial, y por supuesto, el respectivo programa de Gobierno 2020-2023.
Como lo proponen las ‘Orientaciones para la transición de los gobiernos territoriales 2024-2027’ del DNP, el empalme de gobiernos territoriales es un proceso de gestión de conocimiento que facilita a las administraciones territoriales entrantes y salientes, establecer saberes y consideraciones que deben conocer en el marco de la transición del Gobierno y debe ser efectivo, transparente, útil y obligatorio.
