Ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación solicito se tumbe el Decreto 1085 de 2023 con el cual el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, social y ecología en La Guajira como herramienta para atender la crisis humanitaria que existe en el departamento.
Según el ente de control, el Gobierno busca utilizar esta crisis para ‘instrumentalizar’ y “obtener facultades legislativas excepcionales”.
“Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia», sostiene el documento divulgado por medios de comunicación.
Para la Procuraduría, la justificación para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, responde a hechos que no son nuevos y pueden ser atendido por medio de mecanismos ordinarios.
“Se advierte que la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional”, dice el documento.
El ente sostiene que, para lograr la superación de esta crisis, el Gobierno Nacional debe acatar las decisiones tomadas por la misma Corte Constitucional en el 2017 al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en varios municipios del departamento con relación a la violación de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.
Con información de El Tiempo
