A través del secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, el ejecutivo solicito a la Corte Constitucional realizar una audiencia pública en el marco del estudio que el tribunal adelanta del Decreto 1085 del 2 de julio pasado, con el cual se declaró el Estado de Emergencia Social y Ecológica en La Guajira.
La revisión de dicho decreto está a cargo de la magistrada Natalia Ángel Cabo, a quien algunos sectores políticos la señalan de ser afín al expresidente Álvaro Uribe líder del partido opositor del presidente Gustavo Petro, el Centro Democrático.
El objetivo de la audiencia es exponer «en detalle las razones que llevaron al Gobierno nacional a expedir el decreto (…) y profundizar sobre los asuntos que sean de especial interés de esa alta corporación».
El Gobierno Nacional argumentó la expedición del decreto basados en el documento «la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento de La Guajira», el cual sostiene que dicha crisis «se atribuye, entre otros múltiples factores, a la falta de oportunidades, la corrupción, el cambio climático, las sequías, el fenómeno de la población dispersa (…)».
Asimismo, el decreto tiene como base jurídica la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional que la Corte Constitucional dictó en el departamento por la situación de desnutrición de la niñez wayuú y la falta de acceso al agua en varios municipios.
El Estado de Emergencia le permitiría al presidente Gustavo Petro dictar decretos legislativos y tomar medidas para solucionar los factores que inciden en la crisis que afronta el departamento de La Guajira.
Por su parte, la Corte Constitucional debe verificar si las razones que se alegaron no se podían contrarrestar en un escenario de normalidad y si se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.
