El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
A diferencia de la Constitución Política de 1886 en la cual se imprimió la protesta, la del 91 le da entrada a la movilización social como mecanismo constructor de nuestra democracia, pero aunque la carta magna actual otorga tal facultad, está como toda regla también, tiene sus excepciones, porque entre la protesta social y la alteración del orden público existe un hilo divisor muy delgado que generalmente tiende a romperse, pues quienes deciden protestar en la mayoría de las veces terminan generando caos en las actividades sociales.
En estos días gracias a la llegada del presidente se puede ver en las carreteras, mucha presencia de fuerza pública, pero sabemos que una vez el jefe de Estado no esté, todo volverá a estar igual, revueltas, vías bloqueadas, Fuerza Pública inoperante, es como si se estuviera propiciando un plan donde alcanzar el caos fuese el objetivo, pero ¿Para qué incentivar el caos? ¿Qué hay detrás? La llegada del caos crea necesidades, si hay hambre la gente se convierte en esclava de quien provee alimentos; si hay crisis, empiezan a surgir los redentores, en medio del nerviosismo, del caos, el Estado y el pueblo se vuelven permisivos y endebles; la historia es testigo de cómo el terror que sembró Pablo Escobar a finales de los 80, el miedo que estructuró las Farc en aquel entonces, crearon caos y en medio de él, lograron que el Estado les concediera peticiones. En aquel entonces fueron estructuras criminales al margen de la ley, hoy parece ser una estrategia sistemática impuesta con algún propósito, el cual muchos no logran observar, pues todo tiene un manejo soterrado.
Dentro de nuestra sociedad como en cualquier otra, existen actores que no tienen injerencia en temas de carácter público, pero que por alteraciones del orden social terminan padeciendo perturbaciones en sus actividades rutinarias, como cuando realizamos nuestras labores y quedamos atrapados en una vía bloqueada, o si hay brotes de violencia en alguna marcha y nuestro patrimonio económico sufre daños en su composición, ahí precisamente es donde hace aparición la ruptura del fino hilo que divide la protesta pacífica de la alteración del orden público.
Aquí en La Guajira, tal situación se ha salido de las manos, pero no pretendamos negar que hay necesidades mal atendidas, sino porque pretenden encontrar toda solución bloqueando las vías. Ayer porque a cinco profesores de una comunidad no les han pagado su salario, hoy porque la comunidad tal no tiene luz eléctrica; y mañana cualquier otro motivo caracterizado por factores de baja trascendencia.
En La Guajira hay un descontrol en este aspecto, la sociedad no está sintiendo la presencia de la autoridad, la fuerza pública perdió presencia en las carreteras y respeto en este territorio.
Viajar antes de Riohacha a Uribia o Maicao, implicaba pasar varios retenes que daban a los ciudadanos confianza en seguridad a pesar de algunos hechos aislados como atracos perpetrados por bandas criminales locales, la gente sentía más acompañamiento que ahora, por otro lado, los bloqueos han aumentado, al parecer el interés ya no es de carácter colectivo, sino individual. La fuerza antidisturbios ha bajado su presencia y los agentes de policía se sienten inferiores ante tal situación.