Con ocasión de la controversia política, jurídica y hasta filosófica que se ha desatado en el país frente a la interpretación que Gustavo Petro tiene de la investidura presidencial, se hace necesario precisar algunos hechos.
Lo primero es que el presidente de la República de Colombia no es el Jefe jerárquico de la Fiscalía, la cual hace parte de una rama independiente del poder público.
Por lo tanto el presidente no es el jefe del Congreso, no lo es de la rama judicial para sólo hablar de los 3 poderes que integran la República.
Porque además hay otras instituciones con independencia y de las cuales el presidente tampoco es Jefe, como el Banco de La República, la Defensoría del pueblo, la Contraloría, la Procuraduría, entre otras.
El presidente es el Jefe supremo administrativo del Estado en lo ejecutivo, pero esto no significa que las demás ramas del poder están subordinadas bajo la figura del Jefe presidencial.
En Colombia existe la separación de poderes, son los famosos pesos y contrapesos que se dan para evitar desbordamientos de algunos de ellos.
Petro más que nadie, todo esto lo sabe; el problema no es de desconocimiento, es de otra índole.
Petro necesita estar generando estas controversias y ha encontrado en el fiscal al perfecto contestatario para el logro de sus propósitos.
Petro intencionalmente, y en preparación del ambiente para la elección el año entrante del nuevo fiscal, ha graduado al Fiscal Barbosa como su máximo opositor del momento, quien ha pasado de ser un fiscal de muy bajo perfil y mínimas ejecutorias, a notorio funcionario del Estado, gracias a los yerros de Petro, que le abre la oportunidad ya en las postrimerías de su cuatrienio de empuñar las banderas de la defensa en la administración de justicia, cuando esta había sido muy controvertida a lo largo del periodo.
No olvidemos que Barbosa tuvo ante Petro una victoria temprana; cuando el presidente en su propósito de la paz total y sin que mediara una ley habilitante, intentó liberar a condenados o acusados de delitos comunes, para que fuesen “gestores de paz”. Este round lo perdió Petro, quien a consecuencia de esa derrota inicia ante el Congreso el trámite de la ley habilitante.
Para los colombianos no es desconocido que la imparcialidad de la Fiscalía ha estado comprometida desde siempre y por lo tanto habría que pensar en la posibilidad de que el Fiscal general de la nación, sea elegido por voto popular, o cualquier otro mecanismo, ya que desde la conformación de la terna por parte del presidente, este hecho acerca mucho esta figura de administración de justicia a la participación política, pero sí en cambio, el fiscal es elegido por el constituyente primario goza de independencia plena para asumir sus decisiones.
La Fiscalía General de la Nación arrastra desde el año 1992, fecha en que inicia sus labores, serios problemas administrativos.
El solo hecho de ser una de las entidades del Estado con más demandas resulta paradójico y contrario a su misión de administrar justicia.
Que la Fiscalía de la nación ocupe unos de los primeros lugares de las entidades más demandadas en el país y que las mayorías de dichas demandas sean por detención arbitraria y despidos injustificados de sus trabajadores, es prueba fehaciente que esta entidad se ha manejado politiqueramente, y se ha convertido en una policía al servicio de intereses políticos, violando derechos fundamentales de los colombianos como es el de la libertad y el derecho al trabajo.
Las contingencias por estos posibles abusos y arbitrariedades están tasadas en más de dos (2) billones de pesos.
Todos los presidentes y Petro por lo manifestado hasta ahora, creo no va a ser la excepción, han intentado tener ante la fiscalía una influencia muy directa, con respecto a sus decisiones y ello es peligroso, tanto para la libertad como para la participación democrática.
Coletilla: No es solo a Petro como Presidente, a quien el fiscal debe informar de los hechos no reservados en la administración de justicia a su cargo, es a todos los colombianos y a los organismos internacionales, eso es su deber y obligación, no hacerlo es incumplir con la razón de ser de dicha entidad y tendría claras consecuencias por su omisión, pero eso no lo convierte en subalterno del presidente Petro.
