La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), presentó una denuncia al Gobierno nacional, Ministerio Público, Comisiones de Paz y Ddhh de Cámara y Senado, al igual que a organismos internacionales con mandato en Colombia debido al inminente riesgo de desalojo y desplazamiento forzado de más de mil familias de 37 comunidades wayuú en Riohacha.
La denuncia señala que la Alcaldía, la fuerza pública y actores armados ilegales están presionando a las comunidades para ceder sus territorios a particulares con predios privados registrados ilegalmente en los mismos. Hasta la fecha, ya son más de 100 familias las que han sido desalojadas y desplazadas.
La Onic se reunió en Bogotá con una comisión de 10 delegados de 37 comunidades wayuú de Riohacha que han sido víctimas de una estrategia de despojo masivo de territorios ancestrales para el desarrollo de proyectos comerciales y privados. En el último año, esta estrategia ya ha dejado más de cien familia wayuú desplazadas y sin asistencia humanitaria, reparación o investigación.
Las comunidades afectadas están conformadas en su mayoría por mujeres, menores de edad y adultos mayores que han habitado ancestralmente estas tierras que abarcan unas trescientas hectáreas en Riohacha, conectadas además con el sistema de sitios sagrados denominado Línea Negra – Seshiza, reconocido por el Decreto Presidencial 1500 de 2018.
Según la organización indigena, las comunidades wayuú han sido obligadas a abandonar su tierra mediante órdenes policivas, hostigamientos policiales sin orden judicial, denuncias penales, amenazas de grupos armados ilegales y ataques del Esmad de la Policía.
Además, advierten que en los últimos años han aparecido cientos de predios privados registrados en territorios ancestrales (que constitucionalmente son inembargables, inalienables e intransferibles), a nombre de empresas, familias y otros particulares, mientras se construyen obras públicas sin consulta previa en los mismos, como la Cárcel de Riohacha y la sede de Promigas en la comunidad Gualinai (km 2 vía Riohacha – Santa Marta).
Entre las comunidades revictimizadas por esta estrategia se encuentran: Wayucaiso, Cachakamejia, Sumaiwayuu, Galilea, Gualinai, Lamacoya, Potrerito 1 y 2, Betania, Montesinai, Berlín, Rumumana, Rorolomashi, Unaalumana, kaijoluumana, Los Olivos, Santa Rosa, Lagunita, Cuatro Bocas, Campo Alegre, Jirawaikat, Jamaikat, Cari Cari 2, Apunimana 1 y 2, El Propio Patrón, Villa Fátima, San Rafael, Refugio, Jarijiramana, Walapaijamana, Juan de Aragón, Sirnapumana, Apalashimana, Carmito, Espinal y Tuctu, esta última del municipio de Maicao.
La entidad solicitó a la Inspección de Policía y Alcaldía de Riohacha la suspensión inmediata de las órdenes y diligencias de lanzamiento de las familias wayuú pertenecientes a las comunidades afectadas, hasta que no se investigue su legalidad y procedimientos, con el Gobierno y Ministerio Público a nivel nacional.
Asimismo, pidió al Ministerio del interior, Prosperidad Social y la Unidad de Gestión del Riesgo, coordinar de manera inmediata las acciones interinstitucionales necesarias para proteger a las comunidades en riesgo de desplazamiento por desalojos y agresiones, así como la asistencia humanitaria y retorno de las comunidades ya desalojadas y desplazadas.
