El actual gobierno está comprometido en conseguir que nuestra Colombia sea un territorio de paz, en un país donde la opinión y expresión del otro no sea objeto de persecución y de señalamiento que pongan en vilo su integridad personal y familiar.
Pero no faltan quienes con arrogancia y discurso intimidante pongan palos a esa rueda de cambio y transformación. Pero seguramente, a quienes se oponen a ese ideal son los que hoy beben la sangre de los caídos por defender derechos, territorio, naturaleza y erario de todos y para todos.
Estoy convencido, y sin ser un gran experto en estadísticas, desde que se implementó la prohibición al porte legal de armas en Colombia la delincuencia común y el sicariato se dispararon. La tasa de homicidios de personas ha venido creciendo y a veces, con un ligero descenso, que más que alegrar a los burgomaestres debe ser un motivo de preocupación, porque no se trata de mostrar que en su territorio se asesina menos, el deber ser es que no se asesine a un compatriota por pensar diferente, por denunciar un atropello, por señalar un acto de corrupción o por no estar de acuerdo con una obra o inversión pública superflua.
El deseo de vivir en un país donde la diferencia sea aceptada como un mandato de Dios, donde los consensos y disensos sean una acción de pensamientos diversos y no constante o simplemente el otro sea un parlante donde amplifique las mentiras, engaños y traiciones. El pasaje de la torre de Babel en La Biblia tiene esa connotación interpretativa, la aparición de otras lenguas originó que cada pueblo tuviera una representación propia. Eso es lo que ocurre con el ser humano, es un ser distinto. No hay otro igual a mí. Ni otro que piense exactamente a mí. Todos por naturaleza somos diferentes. Nadie es igual a ninguno.
Desde esta tribuna de pensamiento exhorto al Gobierno nacional a estudiar la prohibición del porte de arma legal. Estudiar caso a caso. No es posible que el ciudadano, comerciante, sindicalista, líder social y defensores de derechos humanos estemos en la mira de los delincuentes que se pasean orondos por todo el territorio nacional armados hasta los dientes, sometiéndonos, sin decisión propia, a engrosar la lista de lideres asesinados.
Hasta la saciedad he venido escuchando que es imposible dar protección estatal a todos los que denunciamos ser victimas y objeto de los sicarios a sueldo. Los robustos esquemas de seguridad que hoy ostentan los que se oponen a que exista esta posibilidad consagrada en la Constitución Nacional, artículos 11, 12 y 15, gozan de ese privilegio. Pero olvidan a quienes los pusimos en el trono en el que se sienten cómodos y sin perjuicios.
Basta ya de que sigan cayendo los que ponemos a nuestros gobernantes, que nos dan la espalda, es hora de cortar la cadena social de impotencia frente a quien con un arma intimida y acaba con quien ha entendido que ser corrupto no es el camino. Es triste ver en las redes sociales cómo un delincuente se sube a un bus y se lleva pertenencias y objetos, conseguidos por el pueblo con lucha y sacrificio, en segundos. Seguramente hay quienes manifiestan que lo material se consigue. Sí señor, se consigue, pero con sudor y lágrimas, cuesta.
Planteo el debate, seguramente, con más detractores que apoyos, pero de eso se trata, de escuchar los planteamientos de unos y otros, basta con preguntar a quienes hemos sido víctimas de este tipo de actos contrarios a nuestra Constitución y que ponen en vilo nuestra presencia en la tierra, si está de acuerdo que la sociedad siga a merced de la delincuencia o por el contrario se le permita defenderse como reza en ella.
