A propósito del proyecto de ley de Reforma Laboral que hace trámite en el Congreso de la República, el Comité Intergremial del Atlántico, expresó a través de un comunicado de prensa que, la Reforma Laboral acentuará el desempleo, la informalidad y la pobreza en la Región Caribe porque en lugar de contribuir a la solución de dichos problemas, destruye las posibilidades de generar más puestos de trabajo al atentar contra la estabilidad de las empresas por aumentar los costos laborales y hacer más rígidos los esquemas de contratación.
“Con ello ampliará la inequidad en este territorio y la brecha económica y social con el resto del país. En el Atlántico ese impacto sería nefasto para las Mipyme que representan el 99% del tejido productivo formal y de ellas el 91% son microempresas”, se puede leer en el comunicado.
Asimismo añadieron que, “según los datos del Dane en el trimestre diciembre de 2022 – febrero de 2023, cinco de las siete capitales de departamentos de la Región Caribe tienen una tasa de desempleo superior a la nacional, siendo dos de ellas Riohacha con 17,9% y Valledupar con16,8%, las de peor desempeño”.
Manifestaron que “aquí están los indicadores más altos de informalidad laboral, que en Riohacha alcanza el 67,2%. Y que, de acuerdo con el informe más reciente del Dane, de 2021, seis de nuestros departamentos están en el grupo de los que registran mayores porcentajes de pobreza monetaria, con niveles dramáticos en La Guajira que tiene el 67,4%. Este departamento tiene una pobreza monetaria extrema del 40,4%, la mayor del país”.
Por tal motivo destacaron que “esta realidad de la Región Caribe demuestra la necesidad de que la Reforma Laboral logre un equilibrio entre el bienestar social y la sostenibilidad de las empresas. Por esto los debates y las decisiones en torno a ella deben fundamentarse en su impacto económico, especialmente en la generación de empleo y la reducción de la informalidad laboral”.
En este sentido, señalaron que el Gobierno nacional debe tener presente que la Reforma Laboral, al ser estructural, incide directamente en las reformas de Salud y Pensional porque al provocar la pérdida de empleos menos personas cotizarán en el régimen contributivo de estos dos sistemas.
“Bajo estas consideraciones proponemos que, la Reforma Laboral incluya un régimen diferencial que reduzca los costos laborales para las Mipyme y contemple la creación de un régimen de tributación especial con un sistema integrado de impuestos; una regulación preferente en materia de seguridad social; programas crediticios favorables; y preferencia en los procesos de licitación. Ello contribuiría a la formalidad laboral”.
Entre sus propuestas, también se encuentra que “se adopte una política de Estado para superar la brecha que existe entre la calidad y la pertinencia de la educación y la formación de los jóvenes con las demandas del mercado laboral y los requerimientos de las empresas”.
Al igual que se reglamente el trabajo por horas para adecuarse a las realidades del mercado laboral actual y se mantengan los distintos esquemas de tercerización de servicios sin imponer cargas laborales a las empresas porque ello desincentiva la generación de empleo formal y afecta principalmente a las Mipyme.
También proponen que se elimine del proyecto de ley el artículo que permite la huelga en las empresas que prestan servicios públicos esenciales.
“Las anteriores consideraciones fueron planteadas a congresistas de la bancada del Atlántico durante la Asamblea Anual del Comité Intergremial del Atlántico, en una sesión orientada por el abogado laboralista Charles Chapman, y con la participación de gremios y empresarios del departamento”, concluye el comunicado firmado por Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo
Intergremial Atlántico
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