La llegada de cada año genera reflexiones y buenos deseos partiendo de cero en un recorrido de 365 días que debemos enfrentar, desarrollar o aprovechar en diferentes campos con alto y bajo fango y espina zarandeando de manera positiva y en forma activa que implica: bienestar, solidaridad y beneficios colectivos.
El año 2023 es la gran prueba que tiene el presidente Gustavo Petro, no para competir, sino para materializar los compromisos de propuestas en campañas políticas que deben plasmarse e insertarse en el proyecto Plan Nacional de Desarrollo, que inicie durante la presente vigencia fiscal.
Cuatro reformas de gran interés y calibre llaman la atención para el segundo periodo legislativo en el Congreso, encargado de tramitar y aprobar leyes y reformas constitucionales. Se radicarán proyectos de reformas y cambios que con urgencias se necesitan en salud, pensiones, política y sector agrario; sobre las cuales participen de manera incluyente e indiscriminada partidos y organizaciones políticas; previo acuerdo de esquema estructural, entre participantes. Los representantes, en nombre de distintos sectores políticos, deben llevar propuestas de normas que deben deshacerse y las que deben remplazarse e implementarse; prevaleciendo la concertación de acuerdos globalizados sobre cualquier imposición.
Una vez presentada por cada sector las propuestas, se establezcan mesas de trabajo que sinteticen fusionen y unifiquen proyectos consolidados de las distintas corrientes políticas para consideración y aprobación del Congreso de la República de Colombia.
Es necesario innovarse y emprender en participación generalizada, respetando las diferencias particularizadas dejando a un lado caprichos, soberbias, arrogancias, egoísmos, odios y revanchismos que conllevan a desgracias y tragedias por causas insólitas, obstrucciones y oposiciones temerarias que nos tienen rodando en abismos.
Reformas en salud y pensiones son inaplazables. En relación con la salud, ampliar y extender servicios ilimitados para cumplir con necesidades emergentes y oportunas, erradicar manejos mañosos y perversos en asuntos financieros, procedimientos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, suministros de equipos y medicamentos.
La salud mental está en crisis, requiriendo de atención inmediata por afectaciones de secuelas originadas en la pandemia del Covid-19, tragedias familiares, violencia delictiva e inundaciones; entre otras, los cuales deben ser atendidas y valoradas, de manera general con servicio de psicólogo y especial por la gravedad mental, por psiquiatras. Deben abrirse nuevos espacios de vinculación a profesionales psicólogos, en servicios de la salud y educación.
No se necesita desaparecer ni acabar con EPS organizadas que garanticen soportes financieros, deberán adecuarse al nuevo estilo de gobierno, relacionado con extensión de servicios que están limitados o no incluidos en el plan de salud, requiriendo de atenciones mentales para niños y adultos, previniendo suicidios que están disparados.
El expresidente Álvaro Uribe, de manera innecesaria en aplicación de la Ley 100 de 1993, ordenó en su gobierno las liquidaciones del Instituto de Seguro Social y Cajanal, esta última operadora de afiliación de funcionarios públicos del orden nacional. Seguidamente, como efecto dominó, se ordenaron liquidar las cajas de previsiones, departamentales, distritales y municipales; dejando a los afiliados a las deriva, totalmente desorientados.
Luego aparecieron, los Fondos Privados haciendo algunas ofertas engañosas y tramposas para ganar afiliados. A otros los vincularon por la vía de hecho, es decir, sin el consentimiento, lo que ha conllevado a una serie de problemas con las vigencias de dos sistemas de pensiones diferentes operadas por: Colpensiones –publica- y otra, Porvenir, Protección y demás, privadas. Una de prima media, es decir subsidiada y otra por ahorros o depósito de capital. Ninguna persona que gane menos de cinco salarios mínimos se llega a pensionar por ahorros en 30 años con un salario mínimo. No alcanza a acumular el monto requerido en ahorro en fondo privado.
Los fondos privados pueden ser de utilidad a personas con disposición económica, depositando el monto exigido por el fondo, de acuerdo al valor de la pensión que quiera recibir, en cualquier edad y sin cotizar, por termino de duración de trabajo.
La pensión de asalariados debe ajustarse a la ley, no a los ahorros. Es pertinente que se dejen en libertad a los afiliados de cualquier fondo para escoger en forma libre y voluntaria el fondo privados o público para continuar o cambiarse sin limitaciones. No como viene ocurriendo con algunos fondos que no dejan cambiarse de los privados al público.
Debe establecerse un sistema de pensiones mixtas subsidiadas por el Estado, entre el 30% y 50%, a quienes devenguen hasta cincos salarios mínimos, indiferentemente del fondo (público o privado) operador de la filiación. De igual forma, las personas que tengan la edad de pensión pero no lograron cotizar el número de semanas requeridas, las semanas faltantes, se puedan cubrir cancelando el pago del valor correspondiente establecido a las mismas. Se debe conservar las pensiones entre parejas, unificando los tiempos de servicios conjuntos, indiferente del fondo en que estén afiliadas.
Destacados maestros y lideres, deportistas, artistas, cultores, periodistas, fotógrafos, locutores, gastrónomos, músicos y otros; reconocidos por trayectorias, que no cotizaron pensiones y sobrepasen la edad de 65 años o menos, por motivo de incapacidad, debe ser reconocido su derecho a la pensión de un salario mínimo.
