La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como derecho humano el libre acceso al agua y al saneamiento en julio de 2010.
La Asamblea reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día), segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos).
En el mundo el acceso al agua se ha reconocido como un derecho, relacionado con la preservación de la vida y determinante en la continuidad como especie.
El desarrollo del ser humano requiere que el agua y los sistemas de saneamiento se lleven a cabo de forma separada. Ambos son vitales para reducir el número de enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad económica de las poblaciones.
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En relación con ello, la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, determinó que el acceso universal al agua potable permanente y sostenible por parte de las comunidades wayuú, es fundamental para la pervivencia de la etnia y la efectiva intervención de las condiciones de desnutrición de los niños.
En La Guajira existe un conjunto de comunidades que cuentan con infraestructura de servicio de agua potable modernas que no están operando por falta de mantenimiento, localizadas de manera dispersa en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y el Distrito de Riohacha. Con su priorización y con un programa de gestión de capacidades para el suministro y gestión comunitaria del recurso hídrico, se puede ampliar el acceso permanente y sostenible de agua potable a través de metodologías de activa participación comunitaria, permitiendo que los actuales comités de agua puedan evolucionar a operadores locales de agua potable.
Una propuesta que se debe explorar es asegurar el acceso al agua potable en zonas no atendidas por el gobierno nacional y la municipalidad, a partir de desarrollar un modelo de organización, administración y gestión sostenible del agua potable con enfoques en derecho, diferencial y poblacional de administración en los municipios (Uribia, Manaure y Maicao), promoviendo procesos de participación activa de las comunidades en consistencia con los parámetros establecidos en la constitución y en las leyes.
Estas acciones se encuentran sustentas en diferentes disposiciones vigentes. El artículo 334 de la Constitución Política dispone que “El Estado de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo de los recursos humanos y asegurar, de manera especial y progresiva que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos”.
En el artículo 311 de la Constitución Política establece que al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución Política y las leyes.
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El artículo 3 de la Ley 136 de 1994 definió las competencias de los municipios y distritos, en particular las de administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley; procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia; y garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
La Ley 142 de 1994, establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.
Define el alcance e intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Igualmente, consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y en su artículo 4, señaló que los servicios públicos domiciliarios se consideran servicios públicos esenciales.
El artículo 14 de la Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones, señaló que: “el componente rural del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales”, e indica que dicho componente deberá contener, “5.
La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social” y “6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo”.
En la Ley 1176 de 2007, se establece el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP con destinación específica para el sector de agua y saneamiento básico, indicó en su artículo 10, sobre la destinación de los recursos para los departamentos.
De esta manera, estos recursos pueden ser empleados para la preinversión en proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, y también en proyectos para el aprovisionamiento con soluciones alternativas. La Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, estableció en el artículo 9 que es deber del Estado adoptar políticas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud, que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida, y que entre los determinantes sociales de la salud se encuentra el acceso a los servicios públicos.
La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, estableció en su artículo 18 que. “El Gobierno Nacional definirá esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales por las condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la ley.
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La Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA) desarrollará la regulación necesaria para esquemas diferenciales de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo previstos en el presente artículo”.
El Decreto 1898 de 2016, es muy pertinente.
Con él se permite definir esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico y de saneamiento básico en zonas rurales del territorio nacional, en armonía con las disposiciones de ordenamiento territorial aplicables al suelo rural, acorde con lo dispuesto en los artículos 14 y 33 de la Ley 388 de 1997 o aquellas disposiciones de ordenamiento del suelo rural que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Lo anterior se complementa con la Ley 1955 de 2019, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” incluyó en su artículo 279 varias disposiciones para orientar la dotación de soluciones adecuadas de agua para consumo humano y doméstico y el saneamiento básico en zonas rurales.
Fuente: Veeduría para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017