El afán del Gobierno nacional por acelerar la transición energética, lo que se ha convertido en una obsesión del presidente Petro, lo está llevando a transformar su narrativa ideologizada en acciones inconvenientes para el país, como las planteadas en la propuesta de reforma tributaria, que buscan afectar la viabilidad y la competitividad del sector minero en Colombia y persiguen materializar su ‘decrecimiento’, a pesar de la alta demanda global actual de carbón.
Para los líderes mundiales es axiomático que sólo con crecimiento y desarrollo se puede aliviar la creciente hambruna existente.
Ese empecinado interés del Gobierno nacional es displicente con el contexto global y con las conclusiones de expertos en prospectiva energética, quienes nos indican que la demanda de carbón térmico, como fuente de energía, se mantendrá por algunas décadas adicionales, mientras la comunidad internacional de países productores y consumidores crea, en forma coordinada, las condiciones necesarias para una deseable transición gradual que contribuya en forma efectiva a la mitigación del cambio climático y, simultáneamente, garantice la seguridad energética. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué y para qué ese afán de actuar aisladamente por parte de un país que solo contribuye con el 0,6% de las emisiones totales de GEI, en un contexto que requiere acciones colectivas simultáneas globales? Se puede vaticinar que ese sería un esfuerzo inútil.
Luego de varias semanas de discusiones sobre la propuesta de reforma tributaria del gobierno, con la que pretende recaudar más de $22 billones de pesos anuales, aunque se han concertado algunos ajustes en algunos aspectos, la ponencia con la que al parecer se iniciarán las discusiones en el Congreso de la República esta semana -que se quiere aprobar a pupitrazo y sin mayor debate- aún mantiene incrementos tributarios excesivos que afectarán seriamente a los dos sectores que más recursos económicos entregan a la economía nacional: la minería del carbón y la industria del petróleo. Pareciera no importarle al gobierno que el sector minero ya es uno de los sectores más gravados del país.
Hasta hace pocos días, según se conoció por los medios de comunicación, el Ministerio de Hacienda anunciaba que el proyecto de reforma tributaria incluía una sobretasa al impuesto de renta de 5 puntos porcentuales a las empresas del sector minero energético y 20 puntos porcentuales como impuesto a
los ingresos derivados de las exportaciones de petróleo y carbón. Según se conoció ayer, el ministro Ocampo finalmente ha entendido que esa nueva carga impositiva a esas exportaciones seria claramente violatoria de los tratados de libre comercio vigentes en el país y ha anunciado que ya no se incluirá ese impuesto; sin embargo, a las empresas del sector se les pondrá una sobretasa de renta equivalente a 10% el primer año, al 7,5% el segundo y 5% el tercero.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, había advertido que con los cambios que pretendía implementar el gobierno con la reforma, el sector minero estaría aportando el 48% del recaudo total, evidenciando así una recarga tributaria excesiva en un solo sector. Adicionalmente, indicó que con esa reforma la tributación efectiva de la industria minera pasaría de 67.9% a 90.1%, poniendo en alto riesgo la viabilidad del sector minero colombiano, las potenciales inversiones futuras y la estabilidad de 750.000 familias que, directa e indirectamente, obtienen su sustento de este sector. Con estas condiciones tributarias, lo más probable es que los inversionistas buscarán otros países más favorables en los cuales podrán continuar sus proyectos mineros.
Dada la gran incidencia de las operaciones de Cerrejón en La Guajira, a la que como parte del sector de minas y canteras contribuye con el 46% de su PIB, la mencionada reforma tributaria, si se aprueba como había sido planteada, finalmente también tendrá potenciales impactos negativos para su frágil economía.
Es muy conveniente y necesarísimo que todos los guajiros, nativos y adoptivos, incluyendo los senadores y representantes a la cámara que tienen la responsabilidad de revisar y aprobar este proyecto de reforma tributaria, reflexionemos seriamente sobre el futuro de la economía de este territorio-y su contribución a la economía del país-, en el corto y mediano plazo, si Cerrejón se vuelve inviable sin un manejo del cambio apropiado. Por ejemplo, como reemplazaríamos los beneficios que genera esta importante empresa y que se resumen en los siguientes hechos y datos, solo del año 2021: Más de 11.000 empleos de calidad, entre directos y contratistas –sin incluir los encadenamientos productivos–; inversiones sociales por más de 20.000 millones de pesos; pago de regalías por 383.000 millones de pesos y 1,38 billones de pesos generados por el impuesto sobre la renta; y más de 39.000 millones de pesos pagados en impuestos locales y regionales. En 2022, todas estas cifras van a ser mucho mayores debido a los precios del carbón y a la mayor ejecución de proyectos sociales por parte de esta empresa.
Estas son evidencias poderosas de los importantes beneficios que genera el sector de la minería para las regiones y el país. Por eso mismo, más que afectar e intentar decrecer este sector, se deben implementar estrategias gubernamentales para fortalecerlo. En ese sentido, también es importante, continuar el proceso para adjudicar las áreas carboníferas de La Jagua y Calenturitas (devueltas por Prodeco).
Necesitamos apoyar al sector y asegurar que la reforma tributaria no se convierta en una espada que amenace la sostenibilidad de estas empresas ni la estabilidad de miles de puestos de trabajo en Colombia, pero especialmente en La Guajira y el Cesar.