La empresa Sama está a un paso de la liquidación, así lo informó el alcalde de Manaure, Elven José Meza, luego de conocer la situación financiera por la que atraviesa la entidad.
El mandatario confirmó que actualmente Sama tiene una deuda de más de 35 mil millones de pesos, embargos a la orden del día, además que no cuenta con autonomía administrativa y jurídica.
Precisó que la administración como socio de la empresa con un 24% de las acciones, propone la liquidación toda vez que estuvo intervenida en ley 550 y fracasó con el plan de pago que se había suscrito con la Superintendencia y el Ministerio de Hacienda, porque no contó con los recursos para cumplir con el compromiso.
“Hoy la situación está igual o peor, estamos llamando a los manaureros a rodear las intenciones de la administración municipal, ya hemos adelantado unas reuniones, el presidente tiene conocimiento de la situación de la empresa como tal, entonces que el Gobierno nacional defina, le vamos a decir aquí está la empresa porque ni Manaure ni la parte societaria tienen como responder por su operatividad», dijo.
Agregó que toda empresa se sostiene con recursos y con ingresos, y hoy lamentablemente Sama no produce un recurso que le permita poder sufragar toda la responsabilidad a su cargo, porque no es solamente la parte productiva también la parte social que indica la ley.
Recordó que es un problema que viene de hace varios años, donde lamentablemente alcaldes anteriores no se preocuparon por tomar decisiones radicales para superar la crisis económica de Sama.
“Hoy que tenemos claridad del tema, ya radicamos ante el Ministerio de Minas y Energía, ante la Agencia Nacional de Infraestructura, toda la documentación necesaria para que se tomen las acciones que se consideren necesarias”, manifestó.
Expresó que la situación es de inseguridad financiera, lo que dificulta que la empresa opere normalmente, cumpliendo con todas sus obligaciones.
Decisiones
La primera autoridad del municipio de Manaure, Elven José Meza, dijo que, frente a las denuncias del robo de sal, se tomaron algunas decisiones, una de ellas que solo podrán circular con el producto los camiones que cuenten con el certificado expedido por la empresa Sama.
Mostró su preocupación por el bloqueo por parte de algunos miembros de la asociación Waya Wayuu, que hacen una serie de exigencias que no están dentro del resorte de la empresa.
Agregó también que mientras se trabaje en el proceso de reorganización no se va a permitir que ninguna persona se robe la sal que se encuentra en el territorio.
“Hoy el antojo de un socio que quiere y que tiene unas pretensiones, tiene la empresa bloqueada, pero si se presta para que vayan a sacar sal y que la quieran vender en Maicao y en otro lado, vamos a ir con mano fuerte porque no vamos a permitir que se roben un grano de sal, los camiones y la gente que está en esa condición vamos a contrarrestar y vamos a darle duro a la delincuencia con respecto al tema del robo de la sal”, afirmó.
La producción
Actualmente, la empresa Sama produce 200 toneladas de sal, de un millón que se contemplaba que no puede cumplir con esa meta porque no cuenta con la infraestructura para abastecer las necesidades del país.
Las 200 toneladas que se producen se comercializan a ciertos sectores de la Costa, y a unos industriales que venden a nivel nacional a una escala mínima, recursos que se utilizan para el pago de nómina, responsabilidad con la Superintendencia, acuerdos de pago y lógicamente los costos mínimos de operación.
Sobre el contrato de operación suscrito con la empresa Big Group en 2014, el alcalde Elven José Meza expresó que fue nocivo para la empresa, además que a su salida no dejaron sal almacenada.
“Hoy todos conocen el problema de Sama, no es viable, pero hoy ni el Gobierno nacional, ni el departamental, ni el municipal cuentan con los recursos para que la empresa subsista, y los socios de Sama que son comunidades en situación de vulnerabilidad, porque hace cuanto no se hace una explotación y ahí está Waya Wayu, que son madres cabezas de familia, y que explotan la sal artesanal, hace cuanto no se hace una socialización en Sumaichi, que son todas las autoridades que están en el área de influencia y que son 8500 personas aproximadamente y Asocharma que la empresa como tal debía darle agua para que pudiera trabajar las charcas particulares y tampoco producen, porque la empresa no tiene la sostenibilidad”, puntualizó.
En ese sentido, el funcionario sostuvo que una vez definida la liquidación se debe trabajar un plan para salvaguardar un bien que es público, que necesariamente requiere el aporte y el apoyo del gobierno nacional para seguir explotando la sal y que la empresa sea sostenible.
Señaló también que la empresa ha venido pagando una deuda que tenía de 5.400 millones por acreencias laborales, y hoy nada más se deben 1.300 o 1.400 millones.
“Lo que el señor gerente ha venido haciendo, es trabajar con un manejo de flujo de caja para poder pagar parte de la nómina cuyo valor es de aproximadamente 200 millones de pesos, además de la operatividad, y hoy no está produciendo para cumplir con esos compromisos”, aseguró.
