Las escandalosas declaraciones de los máximos representantes de los organismos de control fiscal, disciplinario y penal, relacionadas con los presuntos sobrecostos en la contratación de las entidades territoriales para atender y mitigar los efectos de la pandemia provocado por el Covid-19, hace prever que serán varios los mandatarios que serán destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos.
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Con tales decisiones, según dichas autoridades, serían inminentes las elecciones atípicas, otro golpe bajo a la maltrecha democracia y a las comunidades ávidas de políticas públicas que las saquen o ayuden a salir del estado de postración en la que se encuentran. Actualmente la Constitución establece que si un alcalde o gobernador es destituido antes de que resten 18 meses para el final del periodo para el cual fue elegido, el Gobierno nacional debe convocar elecciones para escoger su reemplazo.
El presidente de la República para gobernador y este para alcalde es el que designa su reemplazo, de una terna de candidatos presentada por el partido o movimiento político que avaló al mandatario destituido. Como está establecido por mandato constitucional, los alcaldes y gobernadores son elegidos a través del voto popular por un periodo de cuatro años y sería traumático para no decir catastrófico que antes de cumplirse el primer año de gobierno (periodo 2020 – 2023), tengamos que someternos a un nuevo proceso electoral desgastante y con un alto costo económico.
Los habitantes de las entidades territoriales, no quieren saber más de elecciones atípicas. Debido a que además de las razones anteriores no va a resolver el problema de la galopante corrupción entronizada en todas las esferas del Estado. Mientras se mantenga el actual Sistema Electoral y su marco normativo que impone a través del Consejo Nacional Electoral, tope que nadie cumple, habrá corrupción.
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En otras palabras, nada se hace con quitar y poner un alcalde o gobernador cuando todo seguirá igual o peor. Alrededor de toda campaña hay inversionistas. Quien invierte si gana, aspira sacar de las arcas oficiales el capital invertido más sus utilidades “nadie compra huevos para vender huevos”. O sea, que con elecciones o sin ellas continuaremos con los mismos problemas.
Toca buscar otra figura para la escogencia de gobernantes territoriales que no sea por elección popular o que se implemente el voto electrónico o que se desempolve y se presente al Congreso de la Republica un proyecto de Acto Legislativo reformatorio de la Constitución donde se contemple la figura del vice alcalde o gobernador, quien ocuparía la Secretaría de Gobierno respectiva. De tal manera que, cuando un alcalde o gobernador sea separado del cargo el secretario de Gobierno sería quien reemplazaría al burgomaestre en caso de ausencia temporal o absoluta y acabamos con la guachafita de las atípicas que no sirve para nada, para nada, para nada.
