Con el objetivo de analizar la situación actual del proyecto minero en el corregimiento de Cañaverales, con respecto a la consulta previa, el alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz Guerra, su equipo de trabajo, representantes de la empresa BCC, miembros del Concejo Municipal y la Personería, se reunieron en la tarde del martes en la sala de juntas del palacio de gobierno.
Durante la mesa de trabajo, representantes de la empresa anunciaron que ya el Ministerio del Interior, en vista de que no se ha podido realizar la consulta previa para seguir con el proyecto minero, ordenó realizar el test proporcionalidad, que consiste en entrar a evaluar o ponderar si la restricción a los derechos fundamentales que genera la medida cuestionada, resulta equivalente a los beneficios o si, por el contrario, está desproporcionada al generar una afectación mucho mayor.
«Sin embargo seguimos en disposición de diálogo con la 9 comunidades para explicarles los alcances del proyecto y conozcan cuáles son los beneficios que ofrece la explotación del mineral «, expresó Oscar Saavedra, gerente de Proyecto de Consulta previa de BCC.
Por su parte, el concejal Leonaldo Gámez, en representación de las comunidades, indicó que sienten sus derechos vulnerados, ya que la empresa no agotó los términos de diálogo con ellos, para la realización de la consulta.
«Nunca hemos manifestado que no queremos dialogar con la empresa, seguimos dispuestos al diálogo, para analizar los pro y los contras del proyecto”, dijo.
La posición de la administración municipal la expuso la secretaria de Desarrollo Económico y Rural, María Auxiliadora Amaya Ortega, quien también atiende los asuntos minero – energéticos.
La funcionaria señaló que la administración propiciará un diálogo entre las partes para que se analice la situación y que la comunidad conozca a fondo el proyecto, porque considera que ha habido mucha desinformación.
«Apoyaremos a la comunidad en una solicitud que se elevará al Ministerio del Interior, para que se suspenda el test de proporcionalidad y se continúe con los diálogos de consulta previa, porque no quieren que se vulneren los derechos de los habitantes del sector intervenido», apuntó.
