En la Sección Primera del Consejo de Estado el alcalde Jaime Pumarejo Heins interpuso una demanda de nulidad contra la resolución de la Comisión para la Regulación de Energía y Gas (Creg), con el objetivo de lograr una reducción en las tarifas que pagan los usuarios de los operadores Air-e y Afinia.
Como lo dijo el mandatario al convocar la cumbre de alcaldes de las capitales del Caribe, semanas atrás, se trata de “un acto de justicia y equidad con los usuarios de la costa”.
Como se recordará, el esquema regulatorio de la Creg derivó en un incremento acumulado de la tarifa plena del 62.5% (o si se compara con la llamada “Opción Tarifaria”, del 33.4%), entre junio de 2021 y abril de 2022, ubicándose el mayor aumento en el componente de ‘pérdidas reconocidas’.
Por esa razón, la región Caribe quedó pagando las tarifas más caras en el país por el servicio de energía: un hogar de estrato uno de Bogotá paga, en promedio, $36.039; mientras que una familia del mismo estrato en Barranquilla, a causa de una mayor necesidad de consumo por las condiciones climáticas de la región y por el difícil efecto de tener la tarifa más alta de Colombia, recibe una factura promedio de $90.526.
Para Pumarejo, se trata de que la economía de las familias del Caribe no siga sufriendo un golpe mes a mes en la tarifas de la energía.
“Estamos hablando en nombre de millones de familias que injustamente pagan un servicio caro, porque no se hicieron las inversiones que en su momento se requerían. Por eso nos hemos unido los alcaldes de las capitales del Caribe para buscar alternativas. Lo que queremos es, desde nuestros mandatos, seguir ayudando a que la costa norte de Colombia pueda seguir superando la pobreza, el desempleo, y esta es una situación que, sin duda, se convierte en un obstáculo”, precisó el mandatario.
A esta iniciativa de buscar una reducción en las tarifas de energía se sumaron los alcaldes de las ciudades capitales del Caribe: Carlos Ordosgoitia, Montería; José Bermúdez, Riohacha; William Dau, Cartagena; Andrés Gómez, Sincelejo; Mello Castro, Valledupar; quienes firmaron una declaración en la que expresan su inconformidad ante la situación.
Una de las alternativas para resolver esta situación es que el próximo Gobierno nacional asuma la financiación necesaria para que las tarifas regresen a los niveles de hace un año, cuando no habían empezado los incrementos exorbitantes que hoy padecen los hogares.
“Una manera de llevarlo a cabo sería la creación de un Fondo Regional de Estabilización de Precios, con recursos públicos que compensen de manera directa los incrementos de los costos de la energía, para lo cual también convocamos el acompañamiento del Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio”, se lee en la declaración firmada por los alcaldes de las capitales del Caribe.
Desde hace décadas los habitantes de esta zona del país han venido sufriendo el impacto negativo en su vida cotidiana luego de que la empresa Electricaribe incumpliera con el plan de mantenimiento e inversiones que estaba obligada a ejecutar, lo que deterioró la calidad del servicio. A esto se le sumó la falta de vigilancia del Gobierno nacional. Ambas situaciones crearon un escenario en el que los usuarios pagan por lo que se hizo mal en el pasado.
La región Caribe tiene una condición particular debido a que se dan altas temperaturas, que naturalmente disparan el consumo energético y el costo del servicio de electricidad, a diferencia de otras regiones del interior del país.
El incremento está afectando de manera notable la economía de las familias de los estratos 1 y 2, que según el Dane representan el 54,4 % de la población general; adicionalmente, el 94% de la subnormalidad eléctrica se concentra en el Caribe colombiano.
La afectación es a todos los niveles de consumo residencial y amenaza la productividad económica de la Costa.
