Pese a que el conflicto de competencias ya había sido resuelto en el mes de enero por el Consejo Superior de la Judicatura, que indicaba que es la justicia ordinaria la que debe llevar el caso de Oneida Pinto Pérez y no la jurisdicción indígena, la defensa de la exmandataria guajira impetró una acción de tutela para revertir la decisión.
La defensa de Pinto alegaba que el proceso estaba en curso y por eso presentó la tutela, la cual fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, ante lo cual será un juez el que continúe con las investigaciones por concierto para delinquir y peculado por apropiación, entre otros delitos que le endilgan a la exdirigente política.
La justificación de la exgobernadora de La Guajira es que al ser una indígena wayuú del clan Pushaina y miembro del Resguardo Cuatro de Noviembre, con asiento en el municipio de Albania, debía ser juzgada por la justicia indígena y no por la ordinaria.
No obstante la Corte determinó que la petición era improcedente: “Surgen serias inconsistencias sobre la calidad de indígena de la procesada, en tanto si bien el resguardo indígena señala la pertenencia de esta a su comunidad, ello no resulta cierto con lo afirmado por Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior”, precisa el fallo del cuerpo colegiado.
Como se recordará Oneida Pinto es procesada por hechos de corrupción en el departamento de La Guajira, relacionados con la contratación de infraestructura cuando fungía como alcaldesa de Albania.
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