Las autoridades indígenas, líderes, y representantes de organizaciones indígenas del pueblo wayuú convocaron al presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la asamblea de diálogo genuino, que estarán realizando el próximo 6 de mayo, en la ranchería Walinay en el Distrito de Riohacha.
El objetivo es conocer los resultados del informe técnico de la Mesa de trabajo interinstitucional, creada con ocasión a la Sentencia SU- 698/17; así como la decisión del Gobierno Nacional al autorizar la continuidad del desvío del arroyo Bruno.
En la comunicación se indica que a través del diálogo genuino, se espera llegar a acuerdos y toma de decisiones sobre las inquietudes de las comunidades wayuú.
En el encuentro estarán participando agencias de Derechos Humanos como la ONU y la Unesco que declaró el Sistema Normativo Wayuú, patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Las comunidades buscan conocer las razones y fundamentos técnicos, que soportan la decisión del Gobierno Nacional de autorizar el desvío del arroyo Bruno.
Precisan que es necesario que le demuestren que con dicha explotación no existe riesgo alguno o amenaza para las corrientes hídricas subterráneas que debajo de la zona de explotación proyectada son las que alimentan la hidrología en la zona Norte de la Media y Alta Guajira, de donde las comunidades indígenas se abastecen de manera precaria, vía pozos profundos, molinos y excavaciones tradicionales en toda la zona.
En el documento se envía un cuestionario al mandatario de los colombianos, solicitando se les responda de manera respetuosa.
La Presidencia de la República y la mesa de trabajo, cuentan con estudios técnicos de evaluación de impactos ambientales, económicos, espirituales, y daños que ocasionaría la explotación del manto de carbón que pretende explotar la empresa Cerrejón sobre los más de tres kilómetros de desvío del arroyo Bruno, contra las corrientes hídricas que alimentan las afluencias hídricas subterráneas esparcidas vía corrientes venosas hacia el Norte de La Guajira, de la cual se alimentan los pozos profundos, molinos, excavaciones artesanales, etc.; y que al día de hoy es la fuente que proporciona el preciado líquido en forma precaria a más de 5.000 comunidades de la Alta y Media Guajira del pueblo wayuú y zonas urbanas, siendo el mínimo vital de las mismas.
Además, expresan, si tiene en cuenta la Presidencia de la Republica que más allá del impacto ambiental, hay otros impactos nefastos contra el pueblo wayuú, como de orden económico, social y espiritual, lo cual no solo impacta a las comunidades cercanas accionantes de la tutela SU- 698/17, sino a todas las comunidades de la Alta y Media Guajira.
Consideran, además, que todos los hechos relatados, constituyen un evidente ejemplo de violación a los derechos humanos colectivos e individuales del pueblo wayuú, tal y como están establecidos en los diferentes instrumentos internacionales.
