La Asamblea Departamental de La Guajira, a través de la ordenanza 523 de 2020, pretende hacer claridad acerca de la posible nulidad del contralor departamental Bienvenido Mejía Brito.
La Acción de nulidad fue interpuesta por Miguel Eduardo García Prada, aspirante al cargo de contralor, en el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, y quien está inconforme con la elección del vigente funcionario.
La Corporación informó a los medios de comunicación y a la opinión pública que:
- La Asamblea departamental de La Guajira llevó a cabo el proceso de elección del Contralor Departamental de forma clara, oportuna y pública, ceñido a los principios constitucionales y legales del estado colombiano.
- Todos los requerimientos hechos por los participantes en su oportunidad, el público en general y autoridades fueron resueltos en los términos legales.
- En el caso en mención, el exaspirante interpuso una acción tutela ante el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de Cartagena, despacho que mediante sentencia de primera instancia negó las pretensiones del demandante, quien perseguía la nulidad de la elección del Contralor Departamental de La Guajira.
- Dicha decisión fue impugnada por el accionante Miguel Eduardo García Prada, y confirmada en todos sus apartes, en segunda instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena mediante sentencia calendada 9 de febrero de 2022.
- Es del caso recalcar y manifestar a la opinión pública que los hechos y fundamentos jurídicos que constituyen la Acción de Nulidad radicada ante el Tribunal Contenciosos Administrativo de La Guajira, son los mismos hechos y fundamentos jurídicos debatidos y decididos, por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de Cartagena, y el Tribunal Superior de Cartagena.
Por lo anterior, la información presentada por los medios de comunicación induce al lector a caer en el error y hacerle creer que la nulidad de la elección del Contralor departamental de La Guajira ya es un hecho, por ende, la noticia es tendenciosa, va en contra de la realidad y de la buena armonía entre la administración pública y la comunidad guajira. Por último, queremos hacer saber que respetamos todas las decisiones judiciales y nos ceñimos a las normas legales vigentes del estado colombiano; por lo tanto, estamos abiertos a responder de manera pública todos los requerimientos que se haga a esta corporación, porque estamos seguros que nuestro actuar se desplegó atendiendo los principios consagrados en los artículos 209 y 126 de la Constitución Política de Colombia
