En el desarrollo de una actuación preventiva para la garantía del derecho a la educación de la niñez, la Procuraduría solicitó a la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -Ffie- informar sobre el estado de ejecución de 68 obras en instituciones educativas oficiales.
La ejecución de estas obras se n con recursos de ese fondo y que presentan importantes retrasos, que en algunos casos superan los dos años.
El Ministerio Público exhortó al -Ffie- precisar las gestiones adelantadas durante el año 2022, orientadas a garantizar la reactivación, el avance o la entrega de estas obras.
De acuerdo con la Procuraduría, son de especial preocupación las demoras en la ejecución en los departamentos de Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó; por ser territorios que concentran el mayor número de proyectos ejecutados con retrasos.
El ente de control afirma que en estas intervenciones se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas y que esto no solo afecta a las comunidades educativas, sino también la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega
“En buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega”, sostuvo.
