El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, abrió una investigación formal contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por las irregularidades en la construcción y puesta en marcha del proyecto de energía Hidroituango.
Según el jefe del Ministerio Público, hay varias evidencias que demostrarían los errores que han provocado emergencias ambientales que han afectado a los habitantes de más de 20 municipios.
En su informe, Carrillo explica que «se habla de un universo de más de 20.000 familias de pescadores, son 35.000 que están involucrados; es una obra que debe tener un retraso de al menos 3 años y un costo de recuperación de la obra de más de 2 billones de pesos».
Además, el procurador aseguró que el Gobierno Nacional tiene elementos para la declaratoria de emergencia ambiental, para poner en marcha planes para restituir los derechos económicos, sociales y ambientales de los afectados.
«Aquí con medidas ordinarias y con curas menores no vamos a poder reparar el daño ambiental que se ha causado» añadió el funcionario.
Finalmente, el procurador anunció que se realizará una audiencia pública el próximo 26 de febrero en Medellín, para que las autoridades rindan cuentas sobre el estado actual del proyecto hidroeléctrico, los riesgos y las acciones que se contemplaron.
A esa diligencia podrán asistir ciudadanos perjudicados para que la Procuraduría tenga elementos que impulsen el desarrollo de acciones disciplinarias contra los presuntos responsables de las irregularidades.