Más preguntas que respuestas dejó el Gobierno nacional en el departamento de La Guajira, en el proceso de su intervención a los sectores de agua potable, educación y salud en febrero del año 2017, en donde además se suspendieron giros por más de 520.000 millones de pesos, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
En el caso del sector de agua potable, los cuestionamientos de la comunidad en diferentes medios de comunicación están a la orden del día, toda vez que no gozan del servicio de manera permanente, lo que corrobora la actual gerente de la empresa de Servicios Públicos de La Guajira, Andreína García.
La funcionaria, quien defiende las políticas del programa Guajira Azul que se implementó para dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017, cuestiona duramente el trabajo de la Administración Temporal porque no ejecutó los proyectos que se encontraban suspendidos desde el año 2017, además, no se concretaron recursos nuevos de la Nación y varias de las obras que se intentaron ejecutar hoy están siniestradas.
Puntualizó de manera tajante que la Administración Temporal no resolvió la solución de agua en el Departamento, puesto que no se aumentó la cobertura, gestión que se mide por indicadores en términos de calidad y continuidad y de obras culminadas que estén prestando servicio a la comunidad.
La funcionaria indicó que el programa de Guajira Azul se concibió como la política del Gobierno nacional en la Presidencia de Iván Duque Márquez para implementar proyectos de agua en el departamento de La Guajira, en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y otro era el Plan Departamental de Agua, que estaba intervenido por la Nación como una medida cautelar y correctiva de carácter temporal.
Por ejemplo, expresó Andreína García, que en la base de datos se da cuenta de 41 proyectos terminados que no fueron liquidados. Además, recordó la inversión del crédito del Banco Mundial, que ejecutó el Plan Departamental de Agua por valor de 422 mil millones de pesos, de los cuales algunas obras siguen sin concluir, por ejemplo, obras de alcantarillado en el Distrito de Riohacha.
“Las únicas obras que terminaron y que están funcionando fueron las pilas públicas, ejecutadas en el marco de obras por impuestos que benefician a 15.000 habitantes”, remarcó.
Los recursos
De acuerdo con información suministrada por la gerencia de la Empresa de Servicios Públicos, el Gobierno nacional desde el año 2017, cuando inició la intervención al sector de agua potable, apropió 80 mil millones de pesos que se dejaron contratados y que corresponden a las pilas públicas que actualmente se construyen en las comunidades de Riritana, Sichichon, en La Gloria; Punta Espada, Flor de La Guajira, Panchomana, de los municipios de Uribia, Manaure y Maicao.
“Inicialmente revisamos y aprobamos pólizas, organizamos los contratos, revisamos los procesos contractuales que había y cuando vimos claridad de los proyectos iniciamos algunos”, dijo.
La gerente de Servicios Públicos indicó que en el proceso de la revisión encontraron algunos contratistas con algunas inhabilidades sobrevinientes, razón por la cual se está en la cesión de los contratos.
Dijo además que algunos contratos fueron suspendidos porque no tenían diseños, los cuales se encuentran en reformulación en el comité técnico del Ministerio de Vivienda.
Agregó que esos nuevos diseños fueron aprobados el día 22 de febrero, dos meses después recibieron la carta de aprobación de esas modificaciones y mientras esperaban esa reformulación fue necesario suspender, teniendo en cuenta que el contratista no podía iniciar las obras.
Andreína García explicó que una vez recibieron la reformulación de los diseños, se mostraron en desacuerdo porque cambiarán unos cerramientos seguros a unos construidos en Yotojoro sin ningún permiso de la Corporación Ambiental, ni criterios técnicos ni financieros porque no es fácil conseguirlos en ferreterías, además, que también cambiaron los tanques de vidrio de última tecnología por concreto.
“Lo que hicimos fue no aceptar, porque además eso generaba dos mil millones a cada contrato y con cuatro mil millones de pesos con recursos del Departamento que pensaban adicionar; con eso nosotros le podemos dar agua a otras comunidades”, manifestó.
Los proyectos
Durante el paso de la Administración Temporal, iniciaron el proyecto de optimización de la planta de tratamiento del municipio de San Juan del Cesar y de optimización del acueducto de El Molino, ejecutados con recursos del Departamento que corresponden al Sistema General de Participación y regalías, por un monto aproximado de cinco mil millones de pesos.
Explicó que la obra de optimización de la planta de tratamiento del municipio de San Juan les fue entregado en estado terminado, pero al hacer la visita se encontraba en 90% de su ejecución, que logró culminarse un mes después.
“El único proyecto que iniciaron y terminaron durante la intervención fue el del municipio de El Molino, que era la optimización de la planta de tratamiento, ejecutado con recursos del Departamento”, apuntó.
En ese sentido, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos, puntualizó que recibieron proyectos terminados que vienen desde que nació el Plan Departamental de Agua, en el año 2008, contratados por el departamento de La Guajira por cada uno de los gobernadores de turno.
Manifestó que en su momento algunos de esos proyectos no habían podido terminar, los cuales concluyeron en la era de la intervención, argumentando que fueron financiados con recursos del Departamento.
Como también recordó de obras contratadas para esa misma época, que siguen inconclusas. La funcionaria agregó que recibieron trece proyectos de pilas públicas que se ejecutan actualmente con recursos de la Nación y del Departamento.