Ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, la Fiscalía 75 confirmó la resolución de acusación del pasado 25 de abril de 2014 contra cuatro exalcaldes y exfuncionarios municipales, a quienes se les acusa como coautores del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, por el presunto desvío de más de 1.800 millones de pesos del cobro de estampillas Pro Turismo y Pro desarrollo Fronterizo.
Mediante indagatoria fueron vinculados al proceso los exalcaldes de Maicao, Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar, José Rafael Díaz Ojeda, Marcos Fidel Rojas Valdez, Jorge Juan Orozco Sánchez y Waldin Soto Durán, respectivamente.
Además de Eaudith Marina Henríquez González, tesorera del municipio de Uribia; Adalberto Rafael Hoyos Vangrieken, secretario Administrativo y Financiero de Manaure; Roberto Tomás Baleta Salas, secretario de Hacienda de Urumita; Olga Lucía Palacio, secretaria de Hacienda de La Jagua del Pilar; y Carlos Emilio Mazzirri Daza, secretario de Hacienda y tesorero de Villanueva.
También a Elfa Cristina Cuesta Daza y Dunia Rosa Ucros Brito, secretarias de Hacienda y tesorera de Distracción; Yosiris Maribeth Ortiz Rivero y Nolmis Carrillo Pérez, secretaria de Hacienda y tesorera de Hatonuevo y Eguis Manuel Villegas Barbosa, tesorero de Albania.
La Fiscalía 75 precluyó la investigación a favor de Judith Pimienta Ortiz y Dib Miguel Ávila Sanz, tesoreros de Maicao para la época de los hechos.
La investigación tiene que ver con un contrato de asesoría, consultoría y gestión del 2 de agosto de 2004, firmado por el entonces gobernador de La Guajira José Luis González Crespo, con el abogado Osvaldo Díaz Bermúez, y tenía como finalidad asumir la defensa de sus intereses representado en los ingresos dejados de recaudar por estampillas de parte de los sujetos pasivos y agentes retenedores de conformidad con la normatividad presupuestal o tributaria.
También que el mandatario departamental le entregó el 6 de septiembre del mismo año un poder especial dirigido al procurador 42 Judicial ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, para que iniciara y culminara los procesos judiciales por el recaudo de las estampillas, otorgándole las facultades propias del mandato.
En el documento de acusación –dice la Fiscalía– que el abogado Díaz Bermúdez consiguió que a nombre de su empresa unipersonal ‘Pro desarrollo, Gestión y Recaudo’, se giraran por parte de los municipios de Urumita, Villanueva, La Jagua del Pilar, Distracción, Hatonuevo, Albania, Manaure, Maicao y Uribia, más de 1.800 millones de pesos por concepto de recaudo de las estampillas departamentales Pro Turismo y Pro desarrollo Fronterizo, que habían efectuado los entes territoriales citados.
En ese sentido, se confirmó que el jurista recibió sentencia condenatoria en su contra el 22 de noviembre de 2007 por el delito de peculado por apropiación previo acogimiento al beneficio de sentencia anticipada.
Además, que existía otra empresa unipersonal denominada Pro desarrollo y Turismo E.U., representada legalmente por René Alfonso Argote Ariño, a donde fueron a parar los recaudos efectuados por los municipios de Hatonuevo, Urumita y Manaure. Por esos hechos se condenó a Argote Ariño el pasado 19 de noviembre de 2009, por el delito de peculado por apropiación en calidad de interviniente.
Diario del Norte logró establecer que también fue condenado el exgobernador José Luis González, pena que ya cumplió.
En la indagatoria, por ejemplo, Díaz Bermúdez argumentó que su actividad solo llegó hasta la etapa del cobro pre jurídico en cada municipio, haciendo uso del poder que le fue conferido para persuadir a los contribuyentes y agentes retenedores del pago, por lo cual hizo tal gestión.
“La resolución deduce el actuar complaciente de los funcionarios públicos que fue aprovechada por el abogado Díaz Bermúdez, creando empresas unipersonales con nombre similares al de la estampilla departamental, endosándolo con el nombre de su empresa, que coincidía con el nombre a favor de quien se giraba el correspondiente cheque, razón por la cual se hace efectiva en una cuenta particular, sin que los funcionarios hubieran evitado ese desvío dinerario o tomado las precauciones debidas como lo disponen las ordenanzas alusivas al tema. Los funcionarios tenían la función de confirmar que los dineros se giraran a la Tesorería departamental, acota la decisión”.
Además, plantea el fiscal para que se constate lo expuesto por los exalcaldes de Villanueva y de Urumita, así como el secretario de Hacienda y tesorero de Villanueva y Urumita, dentro de sus indagatorias en etapa de juicio, porque bien pudiere conllevar a una eventual variación de la calificación de la conducta, ya que en su lugar podría tener lugar la readecuación jurídica verbigracia, en el peculado culposo.
El documento de resolución de acusación lleva la firma del fiscal 75 ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, Iván Enrique Ariza Sanabria.