El Tribunal de Cundinamarca ordenó suspender el Fondo de Inversión Colectiva (FIC) y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) , a través de los cuales se asignaban 231 mil millones de pesos al municipio de Uribia.
Esta decisión implica que dichos recursos quedan liberados y la Ungrd no estará obligada a desembolsar esa cantidad al municipio ubicado al norte de La Guajira, protegiendo así los recursos públicos del país.
El acto administrativo, emitido por la dirección de Olmedo López, había comprometido a última hora y de manera “exprés” esta millonaria suma de dinero a Uribia. Sin embargo, la acción oportuna de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad permitió la recuperación de estos recursos.
La decisión del Tribunal de Cundinamarca se produce luego de que la Ungrd, encabezada por Carlos Carrillo, demandara su propio acto administrativo para frenar el millonario desembolso al municipio.
“La acción judicial ratifica nuestro compromiso con una gestión más eficiente y transparente”, subrayó Carrillo.
El alcalde de Uribia habría recurrido a una tutela para exigir el desembolso de dichos recursos el pasado 26 de junio, pero el fallo judicial le fue desfavorable.
«El alcalde de Uribia hace gala de un enorme cinismo. Debo respetar la democracia que lo eligió, pero la situación no permite concesiones. Ante un escándalo de esta magnitud y la aprobación irregular de un Fondo de Inversión Colectiva, el alcalde entuteló a la unidad para obligarla a entregar estos recursos. Mientras yo sea director, esos 230.000 millones de pesos no se entregarán a la Alcaldía de Uribia. Este dinero está destinado al mismo lugar donde ocurrió el incidente de los carrotanques, con los socios políticos de Olmedo López y no será liberado», destacó Carlos Carrillo.
Indicó que a la fecha, se han recuperado, por la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la Ungrd, más de medio billón de pesos: $231 mil millones a Uribia, $180 mil millones a Girón, Santander; $97 mil millones a Corantioquia y $43 mil millones a Corpourabá.
