El senador Antonio José Correa Jiménez reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se haga efectiva una justicia tarifaria en favor de las comunidades más vulnerables, especialmente en la Región Caribe, donde los usuarios enfrentan las tarifas de energía más altas del país.
Correa señaló que los costos elevados del servicio eléctrico son consecuencia de pérdidas técnicas y no técnicas, una mala gestión administrativa y actos de corrupción que, según él, han recaído injustamente sobre los bolsillos de los más pobres. “Los ciudadanos están asfixiados e impotentes ante semejante injusticia”, expresó el congresista.
El senador recordó que, en la época de Electricaribe, muchas obras financiadas con recursos públicos para reducir pérdidas fueron siniestradas, y que durante el gobierno anterior se permitió —a través del Plan Nacional de Desarrollo— trasladar esas pérdidas a los usuarios. Criticó también a las empresas Aire y Afinia, a las que acusó de “hacer ferias con las facturas de energía”, en referencia a las constantes quejas de los consumidores por cobros excesivos.
Asimismo, manifestó su preocupación por la intermediación en el mercado energético, donde las generadoras venden a bolsas y no directamente a las comercializadoras, lo que, según él, “solo enriquece a unos pocos con un servicio que debería ser público y justo”.
Correa también cuestionó las concesiones de alumbrado público, calificándolas como “negociados sin beneficios sociales” y recordó que existen dos proyectos de ley que buscan aliviar la carga tarifaria: uno de autoría del Gobierno Petro y otro del mismo congresista. Sin embargo, advirtió que en la pasada legislatura su propuesta fue bloqueada en el último debate por intereses oscuros.
El senador reafirmó su compromiso con la equidad tarifaria, la transparencia en la gestión pública y la defensa del usuario, insistiendo en que la energía debe ser un derecho y no un privilegio. “Amanecerá y veremos, el pueblo tiene la última palabra”, concluyó.
