El presidente de Colombia, Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia internacional luego de que el diario The New York Times revelara que autoridades judiciales de Estados Unidos adelantan indagaciones relacionadas con su campaña presidencial.
De acuerdo con la publicación, fiscales federales en Manhattan y Brooklyn investigan posibles vínculos con redes de narcotráfico, en particular si personas asociadas a estructuras criminales habrían aportado recursos a la campaña o sostenido reuniones con el hoy mandatario.
Las investigaciones, que se encuentran en etapa preliminar, no implican hasta el momento acusaciones formales ni señalan a Petro como objetivo principal. Su nombre habría surgido dentro de investigaciones más amplias sobre narcotráfico y delitos relacionados con el denominado “narcoterrorismo”.
Reportes recientes indican que agencias como la DEA han recopilado testimonios de informantes y personas vinculadas al narcotráfico, con el fin de establecer si existieron ofrecimientos de dinero a cambio de beneficios judiciales, como evitar procesos de extradición.
El caso también reaviva polémicas previas en torno al entorno político del presidente, incluyendo cuestionamientos sobre posibles aportes irregulares, visitas a centros penitenciarios y declaraciones de exaliados políticos.
Frente a estas versiones, Petro rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que nunca ha tenido vínculos con narcotraficantes. Además, sostuvo que en Colombia no existe ninguna investigación en su contra por estos hechos. En la misma línea, la Embajada de Colombia en Washington informó que no ha recibido notificación oficial por parte de autoridades estadounidenses y cuestionó la solidez del informe publicado.
Asimismo, la revelación coincide con un periodo preelectoral en el país y con recientes fricciones diplomáticas entre ambos países, lo que ha amplificado su impacto político y mediático.
Hasta el momento, no hay cargos formales ni conclusiones definitivas. Las investigaciones continúan y podrían no derivar en acusaciones, según han señalado fuentes cercanas al proceso. Sin embargo, el caso ya genera repercusiones políticas y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la financiación de campañas y la relación entre política y narcotráfico en la región.
