Nuevo fallo judicial ampara derechos fundamentales de los internos de la cárcel del Distrito de Riohacha

Política
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El Juzgado Penal del Circuito de Riohacha, en fallo de tutela de primera instancia, concedió el amparo constitucional fundamental de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, integridad física, dignidad humana, salud e igualdad de los internos del centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Riohacha.

La acción fue impetradas por el personero distrital Hugues Ariza Tatis en contra del Gobierno nacional, Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y las alcaldías de Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva.

En el citado fallo se ordena al director de la cárcel la aplicación de la regla de equilibrio decreciente, para que en el término de 48 horas adopte ciertas medidas frente al problema de hacinamiento como autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si solo el número de personas que ingresen es igual o menor al número que salga del establecimiento durante la semana anterior.

También se le ordena disponga de las medidas necesarias para que sea realizada una visita a la cárcel, de una comisión conformada por la Secretaría de Salud del Distrito, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría, con el fin de que se verifique el cabal cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela, que se realizará con acompañamiento del personero Hugues Ariza.

En el citado fallo, la jueza Cielo Armenta solicitó a la Defensoría del Pueblo y al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se entren a realizar las coordinaciones pertinentes a efectos de que se realice un estudio a partir de los procesos más antiguos, para tener conocimiento en qué casos tienen diferentes beneficios administrativos, las personas condenadas y así ir contribuyendo con la descongestión del establecimiento carcelario.

También solicitó recabar la información discriminada de la cantidad de detenidos que tiene cada municipio, para a partir de esa información, se determine el aporte mensual que para el sostenimiento de dichos reclusos deben diligenciar los alcaldes.

Se ordena al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario, tomar las medidas presupuestales necesarias para disponer de la ampliación de personal necesario para atender las necesidades del centro de reclusión de Riohacha, gestionar la obtención de los vehículos necesarios para cumplir con el traslado de los reclusos de manera local y departamental, en el término de 30 días.

Y pide un informe claro y detallado al Ministerio de Justicia y al Inpec, sobre la construcción del nuevo penal, y los trámites administrativos que faltan para que se cumpla el cometido de la manera más pronto posible dada la urgencia del caso.

En ese sentido, la jueza ordenó al director de la cárcel, disponga de los medios necesarios para que sea realizado un peritazgo por parte de personal idóneo en materia de ingeniería estructural del establecimiento, para establecer las condiciones de seguridad de la edificación en protección de la vida de los internos, y en cuyo caso de evidenciarse algún riesgo, se deberán tomar las medidas necesarias de urgencia.

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