Corte Constitucional tuteló derecho al agua potable para los niños de la etnia wayuú

Una tutela del procurador judicial, Edwin López Fuentes, permitió el fallo a favor de los niños wayuú.

Política
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Con ponencia de la magistrada, Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional sala segunda de revisión, revocó la sentencia proferida por la sala disciplinaria seccional de La Guajira del Consejo Superior de la Judicatura y confirmado por la sala jurisdiccional disciplinaria, y tuteló el derecho fundamental al agua potable (en su faceta subjetiva como consumo humano) de los niños, niñas y adolescentes y de las madres gestantes del pueblo wayuú, de conformidad con lo establecido en la sentencia T-302 de 2017 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia.

El caso tiene que ver con una acción de tutela interpuesta por el procurador Judicial I para Asuntos Administrativos, Edwin José López Fuentes, quien solicitó se ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y al agua potable, dando cumplimiento a las medidas cautelares proferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de ese pueblo, y se ordenara principalmente el diseño de una política pública en materia de recursos hídricos encaminada a superar de manera definitiva la situación de desabastecimiento en La Guajira.

En el desarrollo de la tutela, el procurador Judicial expuso por ejemplo, que la no ejecución de la fase II del proyecto multipropósito de la represa del río Ranchería en el componente del acueducto regional, no solo ha impedido el logro del abastecimiento de agua a varios municipios, sino que tal omisión estatal ha vulnerado y continúa vulnerando los derechos fundamentales al agua potable de las comunidades indígenas wayuú.

La magistrada ordenó a las autoridades accionadas divulgar la sentencia, lo que no impide que actúen antes de la implementación de dicho mecanismo.

Se remitió copia de la providencia a la Procuraduría General de la Nación, y a la Defensoría del Pueblo para que en el marco de sus funciones y competencias realicen el respectivo seguimiento.

La tutela fue interpuesta contra el Congreso de la República, la Presidencia de la República, los ministerios de Hacienda, Vivienda y Agricultura, DNP, Agencia de Desarrollo Rural; los municipios de Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Uribia, San Juan del Cesar; y empresas como Aguas del Sur, Cerrejón y Consorcio Unión Temporal Agua para La Guajira.

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