Save the Children es la organización independiente más grande del mundo que trabaja por los derechos de la niñez. Su nombre traducido desde el inglés significa: ‘Salvar a los niños’. Está presente desde 1919 –cuando terminó la Primera Guerra Mundial–, en 119 países. Luchan por proteger la vida de millones de niñas y niños; velando por su supervivencia, protección, salud, educación y desarrollo.
Su misión es construir un mundo en el que cada niño y niña tenga derecho a la vida, la protección, el desarrollo y la participación. En Colombia trabajan desde 1991 y han centrado esfuerzos en defender los derechos de la niñez más vulnerable. Su labor se ha dirigido a cuatro pilares fundamentales: Educación, Protección, Participación y Atención en Emergencias.
Luz Alcira Granada, directora ejecutiva en Colombia, dice que además de las campañas y los mecanismos de prevención que se puedan establecer y promover en el país, la justicia debe aplicarse “sin dar espacio a la impunidad, recordando que en delitos como el abuso sexual cometido contra niños, niñas y adolescentes no debe aplicarse reducción de penas ni subrogados de ley”.
La semana pasada esta organización publicó el informe el cual muestra que en América Latina y el Caribe, cada día 70 niños y niñas mueren por la violencia. En Colombia publicaron basados en cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal que entre enero y abril de 2019 han sido abusadas sexualmente 6.085 niñas menores de edad y han sido asesinadas otras 33. A su vez, que en el país una es asesinada cada 3 días y que 55 son abusadas sexualmente cada día. Según esta entidad –en Colombia– el abuso sexual es una de las formas de violencia más severa contra las mujeres y las niñas las principales víctimas. Y, concluye el informe con que en el territorio colombiano ser niña es sinónimo de vulnerabilidad.
El 29 de septiembre de 2018, Colombia conoció del asesinato de Génesis Rúa –de 9 años–- quien fue abusada, asesinada y su cadáver incinerado en una humilde vivienda en Fundación, Magdalena. También del secuestro, la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, de 7 años, ocurrido en diciembre de 2016, en Bogotá y de Diana Tatiana Rodríguez, de 10 años, muerta y amarrada de pies y manos el sábado pasado, cerca a la orilla del mar de Buenaventura. Estos son casos visibles y crueles. Por estos y los anónimos se debería desde hace mucho haber debatido en el Congreso las penas más severas para que el personaje con esta mente perversa lo piense dos veces antes de cometer el delito.
Aunque Colombia desde 1991 es un Estado Social de Derecho, tiene un sistema jurídico garante de la vida y la liberad, está fundada en el respeto por la dignidad humana; con un bloque de constitucionalidad permeado por los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el presidente y avalados por el Congreso, es una teoría que pareciera que no llega a nuestros niños, niñas y adolescentes, siendo un territorio donde las mujeres parecen objetos sin derechos y siguen siendo vulnerables en muchos sentidos. Lo anterior refleja que, aunque existen esfuerzos y la Constitución las protege, mientras no se endurezcan las penas para estos violadores estaremos dando vueltas en un círculo violento y vicioso.
En ese sentido, una sociedad cambiante y evolucionando no podemos quedarnos protegiendo y garantizando la vida de los asesinos y violadores sexuales mientras nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes siguen muriendo producto de su crueldad. Para concluir, aunque desde diversas instancias gubernamentales y privadas se han adelantado campañas contra este tipo de violencia, las cifras demuestran que no han sido fructíferas debido a la suavidad de las penas para los depravados. Por lo tanto, mientras el Congreso de República no las endurezca y se aplique la pena de muerte y cadena perpetua, las niñas seguirán sufriendo este fatal flagelo.
En consecuencia, la pena de muerte para estos depravados sería el primer paso para proteger a las mujeres y niñas en el territorio colombiano porque: salvar a los niños es tarea de todos.
