Se pretende por parte de ministro Carrasquilla reducir el tamaño del Estado y por esta vía reducir el gasto, el cual pasó de representar el 16.8% del PIB en 2013 al 15.6% en 2018 y ahora el Gobierno se propone reducirlo, una vez más, hasta el 15.4% en 2022.
Pero, según las conclusiones a las que arribó la Comisión del gasto y la inversión pública, “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”.
Y, como lo sostiene Jorge Iván González, uno de los integrantes de dicha Comisión, de acuerdo con la Ley de Wagner, el gasto público crece inercialmente como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. Es más, como lo dice él, “a medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas. La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano, cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa”. Refiriéndose al proyecto de Presupuesto, esto planteó Jorge Iván González: “lo peor que se puede hacer en este momento, si está aumentando el desempleo, es reducir la inversión pública”. Ello, además, le restaría impulso al débil crecimiento del PIB.
Es más, a juicio del presidente de ANIF Sergio Clavijo “tampoco lucen realistas ni fundamentadas las pretendidas contracciones del gasto público del Mfmp 2019, requeridas para terminar de cumplir las metas de la Regla fiscal. La administración Duque tuvo que recurrir a incrementar el gasto público por un 1% del PIB durante su primer año de gobierno. Esto indica que el track-récord da poca credibilidad a este esquema, así algunos consideren que las ´pataletas presupuestales´ del Ministro sean una garantía”.
En cuanto a los ingresos se refiere, el ministro de Hacienda viene haciendo cuentas alegres, como las de la lechera de Samaniego, que enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Veamos: se aduce que al reducir la tarifa efectiva que deben tributar las empresas se mejora la tributación neta 0.8 puntos porcentuales, elevándola al 14.7% del PIB para el 2022, de los cuales 0.4 puntos porcentuales serían atribuibles a “gestión fiscal” por parte de la Dian. El ministro Carrasquilla, como el expresidente de EE.UU Ronald Reagan, cree a pié juntillas en la curva de Laffer, que debe su nombre a un reputado economista que en los años 80 justificó los recortes de la tasa impositiva pretextando que de esta manera aumentaba el recaudo. El Nobel de Economía Paul Krugman lo ha rebatido apoyándose en la experiencia empírica, que se repite con Trump, que va a contrapelo de la misma.
Y la otra cara de la moneda está representada por el costo fiscal de la Ley de desfinanciamiento, como la llama Anif, que se calcula en $10 billones para el año entrante. Solo por concepto de la reducción de la tarifa del impuesto de renta se dejará de recaudar en el 2020 $1 billón, por el descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital $6 billones por año y el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio $1 billón anual.
