Al parecer la carrera política de Iván Márquez durará poco porque el Consejo de Estado, que estudia la demanda de pérdida de investidura formulada en su contra, contempla la posibilidad de declarar la muerte política del exjefe negociador de las Farc.
Luciano Marín Arango, nombre real del exguerrillero, fue demandado ante el Consejo de Estado porque pese a lograr una de las diez curules al Congreso obtenidas por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en virtud del acuerdo de paz, no se ha posesionado, habilitando a la Mesa Directiva del Senado para presentar la acción judicial ante el contencioso administrativo.
Es un caso similar al afrontado por Jesús Santrich pero con elementos diferentes. En el proceso de Santrich el Consejo de Estado decidió a su favor considerando que existía una razón de fuerza mayor por estar privado de la libertad –aunque con las nuevas evidencias debería ser contemplada la extradición y posterior muerte política–.
La causa de pérdida de investidura de Luciano Marín Arango o Iván Márquez tiene consideraciones distintas. No existen razones de fuerza mayor, no hay persecuciones ni circunstancias que podrían ponerlo en riesgo, por el contrario, el gobierno está brindado todas las garantías para que los integrantes del partido de la Farc desarrollen la actividad política con rigurosos dispositivos de seguridad. Pese a ello Márquez no se presentó el 20 de julio de 2018 a su posesión y tampoco lo ha hecho hasta el momento, ni siquiera expuso argumentos valederos para su ausencia, simplemente desapareció con Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, según fuentes, con destino a zona rural de San Vicente del Caguán en Caquetá.
Tal vez con la captura de Santrich, por presunto tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, advirtieron que la firma del proceso de paz no da licencia para seguir en acciones ilícitas y temen ser los próximos detenidos con fines de extradición o seguramente extrañan la vida en la guerrilla, como lo indicó Márquez en un comunicado al señalar que “fue un error entregar las armas”.
La suerte de Luciano Marín Arango parece estar echada, la Procuraduría pidió la pérdida de investidura y el defensor de oficio que lo representa afirmó que no se opondrá a la decisión que adopte el Consejo de Estado. La muerte política es apenas una de las sanciones que le espera por no cumplir los compromisos del pacto de La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz está en mora de declarar el incumplimiento a la justicia especializada con la inevitable consecuencia de ser retirado de la JEP, caso en el cual los procesos por los delitos cometidos cuando militaba en la guerrilla deben regresar a los jueces penales, perdiendo todos los privilegios otorgados.
No asiste a los llamados de la JEP, toma como un juego de roles la dignidad de senador siendo uno de los mayores privilegios que puede tener un ciudadano. Es una falta de respeto a la democracia, la misma que acogió cuando suscribió los acuerdos de paz.
