En los años 70 y 80, se hablaba de Cerrejón con mucha esperanza, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo era motivo de orgullo porque sería la fuente de progreso de La Guajira; muchas expectativas se crearon en torno a este proyecto que hoy vive sus días más difíciles,
las alertas se prendieron este año cuando la misma compañía confesó que la producción estaba en crisis y que no alcanzaría la meta de exportación por los bajos precios del carbón a nivel internacional, a pesar de contar con un dólar a 3.500 pesos. Pero la situación más grave es el inminente cierre temporal (de seis meses a un año) que puede darse por un fallo del Consejo de Estado, debido a una demanda que obliga a la revisión de su licencia ambiental otorgada hace más de 40 años y que, increíblemente, nunca fue revisada, ni ajustada a la realidad ambiental que vive el planeta en tiempos de cambio climático, culpa de Cerrejón y de un Estado cómplice que poco regula ni vigila.
Si bien es cierto que Cerrejón le ha aportado mucho al PIB Guajiro, la compañía ha manejado con insensatez los temas ambientales y sociales, con proyectos de poco impacto, el departamento, después de 30 años de explotación, está igual o peor, por una conjunción de factores, en la cual Cerrejón hace parte del problema, junto al olvido en la inversión del Estado central y a los corruptos políticos locales; todos han participado en este desastre. Cerrejón, en el tema de regalías y compensaciones, ha sido poco solidario con el territorio que le da el insumos para su supervivencia, no es justo que las poblaciones cercanas a la mina todavía no tengan agua, que las comunidades en la Alta Guajira, cercanas al puerto, vivan en la miseria, que los niños wayuú sigan muriendo y que Cerrejón mire para otro lado, pero hoy, cuando no ven luz al final del túnel, al estilo Electricaribe, busquen de forma descarada al Estado para que los rescate, es muy doloroso por los 12.000 empleos que genera y que están en riesgo, pero deben ser autocríticos porque no actuaron con responsabilidad: intentaron desviar el río Ranchería, desviaron el arroyo Bruno, pensando solo en sus rendimientos, onerosos por muchos años. Al parecer, la explotación no podrá alcanzar hasta 2034, como tenían presupuestado, y quedarán 11 cráteres que nadie sabe qué harán con ellos, porque ni siquiera tienen un plan de cierre.
Es hora de ajustarse a la realidad para que se logre una transición y pasar este mal momento que puede llevar al departamento al colapso, al que también se suma, la crisis de Venezuela que era otra de sus fuentes de ingreso.
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