El Ministerio de Transporte presentó un proyecto de decreto que modificaría el Decreto 1079 de 2015, introduciendo cambios en la modernización vehicular y la regulación de tarifas de fletes. La medida, publicada el 25 de marzo de 2025, busca extender el esquema “uno a uno” a vehículos de carga liviana, con capacidad entre 5 y 10 toneladas, lo que obligaría a desintegrar un vehículo antiguo para adquirir uno nuevo. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advirtió que esta política, aunque orientada a la renovación de la flota, podría restringir la oferta de transporte, elevar costos logísticos y afectar la competitividad de las exportaciones colombianas. Además, alertó sobre posibles conflictos comerciales con socios estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea, en un momento en que Washington revisa sus restricciones comerciales. Tarifas obligatorias y aumento de costos Otro punto de preocupación para el sector empresarial es la imposición de una tabla obligatoria de fletes dentro del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC). Según Analdex, esta regulación aumentaría los sobrecostos para los generadores de carga y representaría un retroceso en la política de libertad vigilada de tarifas. El Plan Nacional de Desarrollo establece que los costos del SICE-TAC deben ser una referencia, no una imposición. Sin embargo, el nuevo decreto haría obligatorio su cumplimiento, afectando la competitividad del sector. “Al exigir la chatarrización de un vehículo liviano viejo para permitir el ingreso de uno nuevo, el valor comercial de los vehículos podría incrementarse, impactando las tarifas de transporte de carga”, advierte el gremio. Colombia y sus altos costos logísticos Según la Encuesta Nacional Logística del Departamento Nacional de Planeación, el costo logístico sobre las ventas en Colombia es del 17,9%, casi el doble del promedio de los países de la OCDE, que se ubica en 9%. Además, un tercio de estos costos proviene del transporte terrestre de carga, lo que hace aún más preocupante cualquier incremento en tarifas. Ante este panorama, el sector empresarial ha instado al Ministerio de Transporte a escuchar a todos los actores involucrados antes de implementar nuevas regulaciones. Advierten que un enfoque unilateral podría generar efectos negativos en la economía y en la competitividad del país en el comercio internacional.
