Una iniciativa presentada en la Cámara de Representantes pretende establecer nuevas sanciones para quienes recurran al ocultamiento de su identidad durante manifestaciones con el propósito de cometer actos delictivos.
El proyecto fue radicado por los representantes Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical. La propuesta contempla penas de 54 a 96 meses de prisión, multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas en determinados casos.
La medida cobijaría a quienes utilicen prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos para dificultar su identificación mientras participan en movilizaciones y ejecutan actos vandálicos.
Ver esta publicación en Instagram
El articulado establece circunstancias agravantes cuando se empleen explosivos, sustancias corrosivas o artefactos peligrosos, así como cuando los ataques afecten colegios, centros de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales.
También se plantean sanciones para quienes, mediante medios ilícitos, inciten, dirijan, constriñan o faciliten bloqueos de vías o infraestructura de transporte que comprometan la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.
Los congresistas sostienen que la propuesta busca diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta de las conductas delictivas cometidas bajo anonimato. La iniciativa, respaldada por distintas bancadas, comenzará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara.
