La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las presuntas irregularidades en la expedición del decreto con el que se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024.
La Delegada para la Economía y la Hacienda Pública sostuvo que, según dieron a conocer medios de información, habría material probatorio que evidenciaría posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de $13 billones.
El Ministerio Público busca definir si hubo omisiones al surtir el proceso como dicta la normativa y se pasó por alto incorporar las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo, así como las razones por las que inicialmente no hubo claridad en la destinación de los recursos de inversión.
En el mismo sentido, el organismo de control revisará el Decreto 2295 de 2023, en el que estaban consignados los gastos presupuestados para 2024, y la fusión de dos documentos de naturaleza técnica y normativa, para dejar todo en uno solo, con lo que se pudo contravenir lo señalado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece la emisión por separado de los mismos.
Así mismo, se indagará por el acta que debió gestionar el encargado de la secretaría técnica del Consejo de Ministros y que, al parecer, por desconocer su responsabilidad omitió hacer, lo que habría provocado el extravío de las conclusiones y su elaboración tardía.
La Entidad ordenó la práctica de pruebas para identificar a los sujetos procesales implicados, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
