El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó este viernes una fuerte advertencia sobre los efectos de la ponencia alternativa al proyecto de reforma a la salud que se discute en el Congreso. Según el funcionario, la propuesta paralela pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de un millón de trabajadores del sector y representaría la transferencia de 60 billones de pesos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los próximos cinco años.
En un mensaje difundido a través de las redes sociales del Ministerio, Jaramillo afirmó que la iniciativa “busca entregar a las EPS los recursos necesarios para sanear sus deudas”, lo que, en su criterio, significaría desmantelar los avances logrados durante el trámite en la Cámara de Representantes. Entre estos destacó el fortalecimiento financiero de hospitales, la mejora de infraestructura y la continuidad de los equipos médicos en las regiones.
El jefe de la cartera advirtió que la propuesta elimina recursos previamente aprobados para más de 1.020 municipios de quinta y sexta categoría, que iban destinados a sanear hospitales en riesgo y dotar de mejores condiciones a la red hospitalaria. En ese contexto, hizo un llamado directo a alcaldes y alcaldesas a defender lo aprobado en la Cámara.
Otro de los puntos críticos señalados por el ministro es la precariedad laboral del personal en salud. Jaramillo explicó que la ponencia alternativa elimina la creación de un régimen especial de formalización, que permitiría garantizar estabilidad y mejores condiciones a médicos, enfermeras y técnicos. “Esta propuesta desconoce la posibilidad de que más de un millón de mujeres y hombres puedan salir de la inestabilidad y acceder a un salario justo y digno”, sostuvo.
El debate legislativo continúa en la Comisión Séptima del Senado, escenario en el que deberá definirse si avanza la ponencia defendida por el Gobierno —que plantea el fortalecimiento de la red hospitalaria y la formalización laboral del talento humano— o la propuesta alternativa, cuestionada por el Ejecutivo y respaldada por quienes ven riesgos de centralización en el modelo oficialista.
