Una fuerte ola de rechazo se ha desatado en distintos sectores del país tras conocerse la demanda que solicita la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay, quien aún se encuentra en estado delicado tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio.
La acción legal fue interpuesta ante el Consejo de Estado por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y un sindicato de servidores públicos del Ministerio de Defensa, quienes aseguran que Uribe habría incurrido en proselitismo fuera del calendario electoral al participar en actos públicos que, según ellos, promovían su aspiración presidencial. Argumentan que estas actividades políticas habrían puesto en riesgo su integridad y derivado en el ataque en su contra.
La ponencia del caso estará a cargo del magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado. Entre tanto, la reacción no se ha hecho esperar. Desde el partido Centro Democrático, al que pertenece el senador, se emitió un comunicado calificando la demanda de “absurda” e “indignante”, rechazando que se utilice una tragedia personal con fines políticos. Gabriel Vallejo, presidente del partido, la calificó como un acto “oportunista” y de “bajeza moral”.
Otros líderes políticos como Carlos Fernando Motoa, Carlos Meisel y Paloma Valencia también se manifestaron en contra del recurso, coincidiendo en que carece de fundamentos jurídicos y es una muestra de la mezquindad política.
Incluso desde el mismo gremio sindical hubo voces de inconformidad. Organizaciones como Aservidem y ASSPP-Midefensa se desvincularon del proceso legal y señalaron que la acción resulta insensible y contraria a los valores que defienden, reiterando su respaldo a los derechos humanos, incluido el respeto por la vida y la dignidad de Miguel Uribe.
La polémica sigue creciendo, mientras el senador continúa bajo cuidados médicos y el país sigue a la expectativa de su recuperación.