Varias organizaciones defensoras de derechos humanos encendieron las alarmas ante un proyecto de resolución del Ministerio de Salud que, según denuncian, pondría en riesgo el acceso a la eutanasia en el país. La propuesta fue divulgada por la cartera el pasado 20 de junio y contempla derogar las resoluciones 971 de 2021 y 825 de 2018, introduciendo nuevas condiciones para acceder a este derecho fundamental.
Entre las entidades firmantes de la petición para suspender el proyecto se encuentran DescLAB y la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), que advierten sobre lo que consideran un “grave retroceso” y una serie de obstáculos inconstitucionales. Denuncian que el texto fue elaborado sin un proceso participativo con la sociedad civil y desconocería la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido clave en la consolidación del derecho a morir dignamente desde 1997.
Uno de los puntos más polémicos es la omisión de la asistencia médica al suicidio, despenalizada en 2022, y la transformación del sufrimiento —hasta ahora un criterio subjetivo del paciente— en una valoración médica objetiva. Además, critican la exigencia de agotar tratamientos antes de acceder a la eutanasia, la falta de claridad sobre el consentimiento sustituto y la obligación de reiterar la voluntad en etapas críticas.
Los colectivos piden al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que suspenda de inmediato la expedición de la resolución y abra un proceso “amplio, transparente y participativo” con todos los sectores involucrados. Consideran que Colombia, pionera en América Latina en el reconocimiento de este derecho, podría perder décadas de avances si se impone una normatividad sin el debido respaldo legal y social.
