El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, enfrenta un nuevo escándalo judicial tras conocerse que, presuntamente, se posesionó en el cargo con documentación fraudulenta, a pesar de estar inhabilitado para ejercer funciones públicas.
La denuncia fue revelada por el periodista Daniel Coronell, quien expuso que Pinilla contaba con una sanción vigente desde el 12 de abril de 2021 hasta el 11 de abril de 2026, impuesta por irregularidades cometidas cuando se desempeñó como alcalde de Sabana de Torres, Santander. No obstante, logró asumir el cargo en 2023 gracias a un certificado que, según Coronell, contenía información falsa.
“Se posesionó con un certificado falso. En la carpeta biográfica de Sneyder Pinilla aparece un documento del 29 de mayo de 2023, en el que la Procuraduría General de la Nación señala que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes, firmado por Carlos Arturo Arboleda Montoya, jefe de la División de Relacionamiento con el Ciudadano”, detalló Coronell.
El exfuncionario ya había sido protagonista del escándalo de corrupción en la UNGRD tras confesar su participación en el desvío de recursos destinados a la atención de emergencias; durante la audiencia en la que se analiza la viabilidad de su preacuerdo con la Fiscalía, se confirmó que Pinilla devolvió $618 millones de los que se apropió ilegalmente. La Fiscalía, presentó los comprobantes de consignaciones realizadas por el exsubdirector al Banco Agrario.
Gracias a su colaboración y la información suministrada sobre la estructura de corrupción en la entidad, la Fiscalía le otorgó un beneficio en su preacuerdo. Inicialmente, se había pactado una pena de seis años y seis meses de prisión, pero con la reducción, ahora cumpliría cinco años, ocho meses y un día.
Junto con Pinilla, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, también aceptó su responsabilidad y firmó un preacuerdo con la Fiscalía, comprometiéndose a revelar detalles sobre la red de corrupción que operó dentro de la entidad.
Las investigaciones apuntan a que la UNGRD habría funcionado como una “organización criminal”, en la que se utilizaron declaratorias de desastre y calamidad pública para direccionar contratos a cambio de sobornos. Muchos de estos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, alias «El Pastuso», quien dirigía más de 30 empresas involucradas en la trama.
Este nuevo hallazgo pone en la mira la manera en que Pinilla accedió a su cargo en la UNGRD, sumando otro capítulo a uno de los mayores escándalos de corrupción en la actual administración.
