El juez 30 Civil de Bogotá concedió al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, la posibilidad de apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá la decisión que lo obliga a ofrecer disculpas públicas a las madres de Soacha, víctimas de los denominados falsos positivos.
La medida fue confirmada en un documento firmado por Anabel Mendoza Martínez, en el que se establecen los pasos a seguir: “Primero: conceder ante el Tribunal Superior de Bogotá la impugnación formulada por el accionado. Segundo: remitir las presentes diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dentro de los dos días siguientes. Tercero: comunicar la presente decisión a las partes, por el medio más expedito y eficaz”.
El pasado 6 de diciembre, el mismo juez había calificado como una “grave falta de respeto y vulneración a la dignidad de las víctimas” las declaraciones y acciones de Polo Polo en relación con la instalación artística ‘Mujeres con las botas bien puestas’, realizada por las madres de Soacha en memoria de sus hijos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de la Fuerza Pública.
En respuesta a este homenaje simbólico, el congresista grabó y publicó un video en redes sociales en el que cuestionó la intervención artística, afirmando: “Yo le quiero preguntar quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la plaza Rafael Núñez para poner estas botas”. Estas declaraciones desataron rechazo por parte de diversos sectores, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) y el Ministerio de Cultura.
Enfrentamiento con las víctimas y denuncia por agresión
El incidente escaló durante una plenaria de la Cámara de Representantes el 13 de noviembre, cuando las madres de Soacha confrontaron al congresista, exigiendo retractación y disculpas públicas. En medio del intercambio, Ana Delia Páez Muñoz, una de las manifestantes, golpeó al representante en el brazo, hecho que quedó registrado en video.
Polo Polo presentó una denuncia formal contra Páez Muñoz por violencia contra servidor público, argumentando que dicha acción buscaba intimidarlo en el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 429 del Código Penal Colombiano, este delito podría acarrear penas de entre cuatro y ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
