La Defensoría del Pueblo, señaló que la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida les quita responsabilidades centrales como la administración del gasto y el riesgo financiero, sin definir con precisión qué entidad las asumiría: si los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), las entidades territoriales, la ADRES o el propio Ministerio de Salud.
“La reforma puede estar bien orientada en abstracto, pero si no se anticipan las exigencias operativas y las instituciones se adaptan a estas, puede terminar siendo nociva para la garantía del derecho”, advierte el documento.
Además, alertó sobre la posibilidad de que el nuevo sistema genere un aumento en el gasto sin un responsable claro para cubrir esos costos, lo cual podría traducirse en afectaciones directas a la calidad, oportunidad e integralidad de los servicios de salud.
La entidad también manifestó que las inquietudes sobre la capacidad institucional de la ADRES para manejar, en el corto plazo, un volumen de recursos que podría pasar de 100 billones a más de 150 billones de pesos en 2034. Esto, sin ajustes estructurales, podría derivar en congestión de pagos, problemas de planeación y riesgos de concentración de poder e intereses.
El pronunciamiento se da en un contexto de creciente polarización política en torno al proyecto y tras la liquidación o intervención de varias EPS, que ha elevado la incertidumbre de los usuarios y afectado la continuidad en la prestación de los servicios.
Pese a reconocer que el actual sistema necesita cambios urgentes y estructurales, la Defensoría reiteró que cualquier transformación debe garantizar la no regresividad en la protección de derechos, en especial frente a enfermedades de alto costo.
